El viceministro de Administración Financiera y actual ministro sustituto de Hacienda, Óscar Llamosas, enfatizó en la contradicción del Legislativo, ya que por un lado sancionó un Presupuesto 2020 acotado y equilibrado, pero días después confirma una legislación que le costará al Fisco unos USD 80 millones adicionales por año, lo que en un periodo de 5 años significa USD 400 millones.
El subsecretario de Estado remarcó que este gasto deberá ser financiado con la recaudación de impuestos. Explicó que, para entender el impacto de esta decisión parlamentaria, esta nueva normativa devorará los ingresos adicionales que generará la reforma tributaria de forma anual.
Cuestionó la falta de definición de las palabras “vulnerabilidad social” que están fijadas en la ley para acceder a la pensión, lo que se presta a interpretaciones y podría incluso duplicar el número de beneficiarios del programa.
“No existen los recursos. Para cumplir con esta ampliación de la pensión vamos a tener que recortar algún programa o quizá la inversión pública, y en el mejor de los casos podríamos incorporar a 10.000 o 15.000, no más que eso. Con esta ley incluso se consumen los ingresos adicionales de la reforma tributaria que tanto tiempo se trabajó”, expresó Llamosas.
ALTERNATIVAS. Teniendo en cuenta la decisión del Congreso de rechazar el veto, desde el Ministerio de Hacienda ya están analizando opciones para evitar un impacto brusco en el plan de gastos.
En ese sentido, el ministro sustituto mencionó que la primera alternativa en carpeta es reglamentar adecuadamente la legislación vía decreto.
Explicó que analizarán la experiencia internacional en este ámbito para definir qué adulto mayor podría estar en situación vulnerable y cómo ir incorporándolos al sistema de forma gradual. Dijo que, a criterio de la cartera, la ley confirmada permite seguir realizando censos casa por casa para las selecciones.
No descartó presentar una nueva ley para clarificar la disposición actual o incluso recurrir a la Corte para dejar sin efecto la ley, aunque aclaró que eso es potestad del ministro Benigno López y del presidente Mario Abdo.
Actualmente, el Fisco registra a unos 198.207 adultos mayores que reciben la pensión alimentaria mensual.
En el 2018, cubrir esta subvención le costó al Estado poco más de G. 1,1 billones (USD 184,2 millones); mientras que se prevé que el gasto trepe a los G. 1,3 billones (USD 206,9 millones) en este 2019 (ver la infografía).
Ley debe ser promulgada tras rechazo de ambas cámaras
Diputados rechazó este miércoles el veto del Ejecutivo a la ley que amplía el derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores, con lo que la normativa deberá ser promulgada en estos días, ya que el Senado también optó por el rechazo.
La legislación modifica el término “pobreza” por “vulnerabilidad social”, fijando este beneficio de forma automática para las personas mayores de 65 años, con excepción de aquellas que cobren un salario, sean contribuyentes del IRP o IVA y las que posean 30 cabezas de ganado, entre otros.
Establece que los beneficiados recibirán un monto no menor a la cuarta parte del salario mínimo, el cual en la actualidad llega a los G. 2.192.839.