El capítulo de Paraguay en el informe 2026 de Amnistía Internacional describe un panorama preocupante sobre la situación de los derechos humanos en el país durante el año pasado, marcado por la debilidad institucional, desigualdad estructural y retrocesos en libertades fundamentales.
El documento señala que la independencia judicial se vio comprometida por presuntos vínculos entre el crimen organizado, sectores del Parlamento y la magistratura, en un contexto de denuncias de corrupción y tráfico de influencias, refiriéndose al caso del diputado Eulalio Lalo Gomes, asesinado a manos de policías durante un allanamiento en su domicilio.
Sus chats filtrados posteriormente derivaron en la renuncia y suspensión de magistradas, además de la dimisión del diputado Orlando Arévalo, involucrado en las conversaciones de WhatsApp.
El documento además destaca que Paraguay continúa enfrentando altos niveles de desigualdad, basándose en los datos oficiales que indican que más del 20% de la población vive en situación de pobreza y que la informalidad laboral alcanza al 62,5%, lo que limita el acceso a seguridad social y condiciones laborales dignas.
Uno de los puntos más críticos es la situación del sistema de salud, que atraviesa una crisis estructural. Asimismo, la inversión pública se mantiene por debajo del mínimo recomendado y se registraron muertes evitables en centros públicos, incluyendo casos de recién nacidos por falta de unidades de terapia intensiva operativas, mientras que auditorías oficiales evidenciaron fallas graves en la atención médica, logística y gestión.
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El informe también documenta restricciones a derechos civiles. La entrada en vigor de la ley garrote, que regula a organizaciones de la sociedad civil, fue cuestionada por imponer controles considerados desproporcionados, mientras que comisiones parlamentarias investigaron a oenegés y medios críticos sin pruebas concluyentes, solicitando incluso datos confidenciales.
En materia de libertad de expresión, se reportaron amenazas contra 21 periodistas y la persistente falta de una ley de protección, pese a mandatos internacionales. Además, el documento advierte sobre la impunidad en crímenes contra comunicadores, con más de una veintena de asesinatos registrados desde 1991.
Las protestas sociales también enfrentaron restricciones. La Policía Nacional fue señalada por limitar manifestaciones y expresiones críticas, incluso en actos simbólicos o religiosos, amparándose en normativas consideradas restrictivas. Asimismo, se denunció el uso del sistema penal para desalentar la movilización social.
De hecho que el informe menciona que a nivel regional, los gobiernos intensificaron sus esfuerzos por sofocar la disidencia y en ese sentido se reprimieron protestas y se criminalizó a manifestantes, asimismo hubo agresiones contra periodistas y censura a la prensa.
En el ámbito ambiental, el informe alerta sobre contaminación por minería en Paso Yobái y la falta de respuestas efectivas del Estado, mientras que defensores del medioambiente enfrentaron procesos judiciales como represalia.
Los pueblos indígenas continúan afectados por la falta de restitución de tierras y decisiones estatales que, según organizaciones, profundizan la discriminación estructural. A esto se suman obstáculos para el reconocimiento de derechos de personas LGBTIQ+, especialmente en casos de identidad de género.
El informe también pone el foco en la violencia de género y contra la niñez. En 2025 se registraron 37 feminicidios según datos oficiales y 42, de acuerdo con la información proporcionada por la sociedad civil.
En tanto que 103 personas en promedio denunciaron diariamente violencia familiar, siendo víctimas las mujeres casi en su totalidad. Además, se registraron 3.386 abusos sexuales en niños y niñas.
También recuerda que el Comité de Derechos del Niño de la ONU declaró que Paraguay no cumplió con sus obligaciones de respetar y proteger la vida de las niñas Lilian Mariana y María Carmen Villalba durante un operativo de fuerzas militares llevado a cabo el 2 de septiembre de 2020 y que no investigó debidamente sus muertes.
Amnistía Internacional concluye que el país enfrenta desafíos estructurales que requieren reformas urgentes, advirtiendo que las tendencias observadas comprometen el Estado de derecho y la protección efectiva de los derechos humanos.
