La Cámara de Senadores iba a tratar este miércoles un proyecto de ley presentado en abril pasado por el Poder Ejecutivo, que busca modificar el Estatuto Agrario y la ley que crea al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), pero finalmente fue pospuesto y se trataría la semana que viene.
Sin embargo, desde el Espacio de Unidad Indígena, Campesina y Popular alertaron que la iniciativa del Gobierno se hace “bajo la falsa propaganda de la titulación masiva y la nueva ruralidad”, y advirtieron “al pueblo paraguayo y a nuestras organizaciones de base sobre la grave maniobra que se esconde detrás del proyecto”.
“Nosotros decimos con claridad: Es una estafa política. Es una falsa solución a los reclamos históricos del campesinado y los Pueblos Indígenas: La seguridad sobre la tenencia de la tierra”, manifestaron este miércoles los referentes de la organización, en un pronunciamiento en la Plaza de Armas, en Asunción.
Apuntan al objetivo real: “Desfinanciar el Indert”
Para el espacio articulador está claro que el objetivo del proyecto es desfinanciar y liquidar el Indert como ente de la reforma agraria. Aseguran que “al eliminar el pago del 3% establecido en el art. 59 y ampliar plazos sin un plan de financiamiento sustitutivo, no se está facilitando el acceso a la tierra, se está desfinanciando deliberadamente a la única institución encargada de la Reforma Agraria”.
“Un Indert sin fondos no podrá adquirir tierras expropiadas, comprar tierras ni asistir a las comunidades. Es la muerte por inanición de la reforma agraria”, expresaron.
La organización indica que “paradójicamente” la modificación de la ley pretende autorizar al presidente del Indert a vender muebles e inmuebles a personas no sujetas de la reforma agraria para recaudar, lo que es como mínimo inconstitucional y rechazamos categóricamente, aseguraron.
“Es sumamente peligroso dar tantas atribuciones, porque solamente en manos de una persona va a estar, por ejemplo, la venta de nuestras tierras públicas, la venta de tierras ancestrales inclusive, que pertenecen a los pueblos indígenas”, dijo a Última Hora la coordinadora Rosa Toledo.
Nota relacionada: Advierten que tierras públicas irían a no sujetos de reforma
“Nueva ruralidad” vs. “descampesinización del campo”
Otro de los puntos cuestionados es la “nueva ruralidad” promovida por el Gobierno. “Es la negación de nuestra identidad”, consideran los grupos indígenas y campesinos.
“Lo que el gobierno llama nueva ruralidad es en realidad un proyecto para sacar del campesinado toda la carga cultural y territorial que determina su identidad. Quieren convertir al campesino y a la campesina, sujetos de derecho colectivo con arraigo, cultura y comunidad, en simples propietarios individuales de un lote mercantilizable”, señalaron.
“Lo que vemos nosotras es la descampesinización del campo”, mencionó Toledo, agregando que, desde su mirada, buscan sacar a todo el campesinado, a todos los campesinos, campesinas y pueblos indígenas de sus territorios, y dejarles un pedacito de tierra.
“Es lo que están haciendo ahora con la titulación masiva. Porque están dando títulos de sitios de división de tierras de nuestros padres, de nuestros abuelos y abuelas, y nos dan un pedacito para cada familia, y no tenemos dónde producir”, sentenció.
El pronunciamiento señaló además que “quieren borrar del Estatuto Agrario la concepción de la tierra como territorio de vida, de cultura, de soberanía alimentaria, para reducirla a un título de propiedad que mañana pueda ser embargado y vendido al agronegocio”.
“No es un plan de distribución de tierra ni de arraigo asistido. Es sacar al campesino de la tierra y poner la tierra en el mercado”, insisten.
Anticonstitucionalidad
Aseguran que el proyecto “ataca directamente los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en la Declaración de los Derechos Campesinos de la ONU - UNDROP”.
“Este proyecto viola el derecho al acceso a la tierra, a la reforma agraria integral y a la identidad cultural de los pueblos”, sostienen, lo que además “facilita la reconcentración de tierras y abre la puerta para legalizar el despojo”.
Ataca a pueblos indígenas
En el pronunciamiento también aseguraron que el proyecto ataca los derechos de los Pueblos Indígenas garantizados por la Constitución Nacional y el Convenio 169.
“Este proyecto no ha sido consultado con los sujetos de derechos cuyas tierras ancestrales están en riesgo ante un cambio de la magnitud que plantea este proyecto y no asegura las tierras reclamadas y ocupadas por las comunidades”, expresaron.
El Espacio de Unidad Indígena Campesina y Popular aglutina a la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri), Organización Nacional de Aborígenes Independientes (ONAI), Organización de la Lucha por la Tierra (OLT), Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (Anivid), UCN, CultivaPY, Organización Kuña Guaraní Aty y Organización Mandioqueros. Además, se suman Comunidad Naranjaty Ñacunday, Unión Agrícola Nacional (UAN), Odram, Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCH), Coordinadora de Líderes Joajurã, y otras más.
“La tierra no es mercancía”, defienden.
