Este miércoles 16 de setiembre, está previsto que la Cámara de Senadores trate un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo que busca modificar el Estatuto Agrario y la ley que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Ante esta situación, la organización Base Investigaciones Sociales (Base IS) manifestó su preocupación señalando que la idea se presenta como una herramienta para acelerar la titulación de tierras destinadas a sujetos de la reforma agraria, pero que “detrás de esta justificación aparece un cambio de mayor alcance: La posibilidad de vender bienes inmuebles del Indert a personas que no son beneficiarias de la reforma agraria”.
Subrayan que la modificación propuesta al artículo 14 de la Ley 2419/2002 elimina, en la práctica, el control de la Junta Asesora y de Control de Gestión sobre estas operaciones y deja en manos del presidente del Indert la decisión de vender bienes muebles e inmuebles del Instituto a personas no beneficiarias.
“El cambio resulta especialmente preocupante en un país marcado por la concentración de la tierra y por décadas de denuncias sobre tierras adjudicadas irregularmente. En lugar de fortalecer los mecanismos de control y garantizar que las tierras públicas cumplan su función social, la reforma abre una vía para su incorporación al mercado y puede terminar contribuyendo al blanqueamiento y consolidación de tierras mal habidas”, expresa el análisis de Base IS.
Sostiene que el problema no es solamente quién podrá comprar, sino qué tierras podrían quedar disponibles para esas operaciones.
“El Indert administra tierras vinculadas históricamente a la reforma agraria, incluidas áreas cuyo valor económico puede incrementarse aceleradamente por grandes obras de infraestructura, como ocurre en zonas próximas al corredor de la Ruta Bioceánica. Sin controles efectivos, existe el riesgo de que tierras destinadas a familias campesinas terminen convertidas en activos para negocios inmobiliarios y especulativos”, advierten.
También es señalado que se plantea eliminar el requisito del pago equivalente al 3% del precio total del lote como condición para acceder al título.
“Aunque la medida se presenta como una solución para las familias que actualmente no pueden afrontar ese pago, también implica retirar una fuente de ingresos del Indert sin establecer claramente un mecanismo que la sustituya”, señalan.
El Indert informó que en 2024 recaudó G. 41.602 millones por el pago de lotes, monto que representó un aumento del 55,2% respecto del promedio histórico registrado entre 2009 y 2023.
