Petro, un ex guerrillero izquierdista de 53 años que debía gobernar por un periodo de cuatro años, de 2012 a 2016, calificó la decisión como un “golpe de Estado” sobre el gobierno progresista en la ciudad de Bogotá.
“Me gustaría pedirle a todas las personas en Bogotá dos cosas: una es suprema tranquilidad de parte de nosotros, no puede salir ningún acto de violencia, y dos, indudablemente debemos expresarnos”, dijo.
Petro puede solicitar un recurso de reposición, ante el mismo procurador. También puede demandar el fallo ante el Consejo de Estado, la máxima instancia de justicia disciplinaria en Colombia.
La Procuraduría, que puede imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios públicos, incluso a los electos, investigaba a Petro por supuesto daño a la ciudad de Bogotá con un cambio introducido hace un año en el esquema de recolección de basuras.
En diciembre de 2012 el alcalde traspasó el servicio de recolección de basuras que prestaban empresas privadas, que lo manejaban en concesión, a la compañía del acueducto (pública) y durante tres días los desechos se acumularon en las calles.
En particular, el procurador señaló que se causó detrimento al patrimonio público y se vulneraron los principios constitucionales de libre empresa y competencia.
Además, la Procuraduría dijo que “probó que la realización de las conductas referidas fueron cometidas por el señor alcalde de manera consciente y voluntaria, en la medida en que él sabía que sus decisiones eran irregulares”. AFP