El abogado Juan Sosa Bareiro, representante legal de senadores oficialistas, celebró que el juez decida firmar el pedido de extradición de dos jóvenes liberales que fueron a refugiarse en Uruguay ante la supuesta persecución que los somete por parte del Gobierno de turno tras el incendio en el Congreso.
“Esto va a colaborar mucho en la investigación. Tienen que venir al país a dar una explicación a la ciudadanía con respecto a lo que paso aquel 31 de marzo de este año donde, mediante fotos, se los ve quemando el Congreso Nacional. Creemos que deben rendir cuentas a la Justicia lo antes posible”, detalló el letrado.
Señaló además que existen fotografías del momento exacto en que se los ve quemando y rompiendo el Congreso y que las pruebas, al respecto, son contundentes. Sostuvo que no se puede hablar de que un país los tenga como refugiados si existen pruebas de que cometieron un crimen, señaló.
“Las fotos son evidentes, la ciudadanía debe saber que esto es producto de una investigación, la responsabilidad esta gente está demostrada. Ellos están dentro del proceso. Aún no tienen un estado de refugiados ante el Gobierno uruguayo. Con este pedido el Gobierno debe dar se cuenta que no corresponde tenerlos ahí”, agregó en contacto con la 970 AM.
El abogado habló de la existencia de más de 1200 hojas en donde se argumentan los motivos por el cual los jóvenes deben responder a la justicia paraguaya. Indicó que las fotos son claves dentro del proceso y que gracias a la tecnología se los pudo identificar en medio de todo el conflicto.
“Ellos generaron destrozos y existen las fotos del hecho. La fiscalía debería de hacer pública cada una de las pruebas”, dijo.
Los miembros del Partido Liberal Radical Auténtico habían solicitado refugio en el Uruguay para tres jóvenes con el fin de que salieran del país en forma clandestina. Amarilla, como magistrado, había librado una orden de captura internacional.
Brian Martínez, Rubén Moisés Galeano, Daniel Aquino y Osvaldo Luis Sánchez, solicitaron el refugio en territorio uruguayo, de acuerdo con lo dispuesto en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Naciones Unidas.
El magistrado tiene a su cargo el caso abierto por la supuesta fabricación de bombas molotov el pasado 31 de marzo, fecha en que se tuvo una movilización ciudadana contra el proyecto de enmienda y donde se registraron disturbios frente a la sede del Congreso Nacional.
Con relación a los refugiados, Amarilla sostiene que salieron en forma clandestina del Paraguay, porque no existen registros en la Dirección de Migraciones.
