El informe destaca que hubo avances en la prestación de los “servicios de agua y saneamiento mejorados”, alcanzando niveles de cobertura cercanas al 90% y del servicio de agua prestados por red domiciliaria cercanos al 80%, con datos hasta el 2018. Sin embargo, persisten altos déficits en la calidad del agua para beber, ya que la provisión de agua libre de contaminación llega apenas al 64%; asimismo, la cobertura de la red de alcantarillado sanitario alcanza solamente al 11% de la población. Estos niveles son muy inferiores al promedio de la región y tienen un alto impacto negativo en la salud y en la calidad de vida de la gente.
Existe una excesiva atomización en la prestación del servicio, con más de 5.000 prestadores en todo el país. De todos ellos, solo la Essap posee la concesión formal por parte del Estado y abastece a aproximadamente el 30% de la población con servicio de agua potable y es el principal proveedor del servicio de alcantarillado. Además, es el único proveedor con evaluación positiva en términos de sostenibilidad financiera, con márgenes razonables y escala de operación suficiente. Sin embargo, tiene grandes desafíos en términos de inversiones para renovar su infraestructura y mejorar la calidad del servicio así como para ampliar la red de alcantarillado sanitario.
Por otro lado, existen entre 2.500 y 3.500 Juntas de Saneamiento, que son organizaciones comunitarias que abastecen a alrededor del 45% de la población, principalmente en el interior del país. Sin embargo, todas ellas son prestadoras muy pequeñas y con escala insuficiente para tener un gerenciamiento que asegure una adecuada operación y mantenimiento, así como para ser sostenible financieramente.
Se requiere una escala mínima de 2.000 conexiones para tener eficiencia y sostenibilidad, pero solo el 1% de las Juntas de Saneamiento superan este umbral y, peor aún, el 90% de ellas tienen menos de 200 conexiones. Finalmente, existen unas 310 aguateras privadas que abastecen al 12% de la población y adolecen de problemas similares a las Juntas de Saneamiento en términos de escala, eficiencia y sostenibilidad. Ninguna de las Juntas de Saneamiento ni Aguateras privadas tienen concesiones otorgadas por el Estado para prestar el servicio. Tampoco sus pliegos tarifarios fueron aprobados por el ERSSAN, según lo previsto en las leyes vigentes.
Por último, el marco normativo e institucional no ha sido adecuado para el desarrollo ordenado del sector. El esquema de gobernanza tiene una multiplicidad de actores con roles y funciones superpuestos, con escasa coordinación entre ellos que llevan a ineficiencias en la inversión y en la calidad de los servicios. Además, las funciones de liderazgo están compartidas entre varias instituciones y no existe una clara organización jerárquica, lo cual genera permanentes tensiones que dificultan la coordinación.
Los objetivos fijados constituyen un enorme desafío. Requieren inversiones anuales de Usd 487 millones para alcanzarlas, diez veces más de la inversión promedio de los últimos años. Es necesario ordenar la gobernanza y para ello debería ser fortalecida la actual Dirección de Agua Potable y Saneamiento dependiente del MOPC, como único ente rector de la política pública del sector. Al mismo tiempo, es necesario promover la formalización y consolidación de los actuales prestadores para que alcancen niveles requeridos de eficiencia, sostenibilidad, capacidad financiera y de gestión. Para ello, se debe regularizar la situación precaria de los prestadores actuales, creando mecanismos para otorgar concesiones y pliegos tarifarios con incentivos que promuevan la fusión entre los prestadores pequeños o su absorción por los prestadores de mayor tamaño.
