Alrededor de 1.500 millones de guaraníes al mes es lo que movía a nivel de ganancia una banda dedicada al abigeato y contrabando de animales, según afirma el fiscal Andrés Arriola, que está investigando el robo de ganado y un cuádruple crimen, ocurrido en la estancia Taguató, ubicada en el distrito de Mariscal Estigarribia, en el Chaco.
El agente del Ministerio Público reveló que detrás del terrible crimen, donde asesinaron a los dueños del establecimiento y a dos de sus nietos, se teje un esquema mafioso dedicado al abigeato a gran escala y que operaba incluso con la complicidad de funcionarios de la Secretaría de Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).
En el marco de esta causa, está imputado Miguel Ángel González Abreu, funcionario de la agencia de esta institución, de la localidad de Margariño, Chaco.
El hombre está procesado por producción de documentos no auténticos, asociación criminal y abigeato, según reveló Arriola, que lamentó que el mismo haya sido beneficiado con medidas alternativas a la prisión, ya que lo considera un elemento clave en el esquema. “Se expidió la guía como si los animales fueran parte de la estancia Santa Rosa, que no existe físicamente. Esta gente trabaja con establecimientos fantasmas”, reveló el fiscal.
Gran parte de las cabezas de ganado que fueron robadas de la estancia Taguató ingresaron al frigorífico Athena Foods de Belén, en Concepción, gracias a un plan bien montado.
Los miembros de la banda utilizaron el cupo de entrega de animales del ganadero Aureliano Valiente Duarte, que ya está imputado por reducción, para ingresar el lote al frigorífico.
IRREGULARIDADES. También se supo que Cesareo Antonio Duarte Galeano negoció presuntamente la compra y la venta de los animales robados y gestionó su marca para las guías de traslado de los vacunos.
José Carlos Martin, titular de Senacsa, reconoció que se dieron irregularidades cometidas por un funcionario en la agencia de Margariño, que salieron a la luz luego de una auditoría impulsada en la institución y que las autoridades de Senacsa presentaron a Rodríguez Abreu ante el Ministerio Público.
Por su parte, el fiscal Arriola manifestó que están avanzadas las investigaciones en el caso del crimen que causó conmoción en la opinión público, pero se quejó de la decisión del juez Aníbal Ortiz Granada, de otorgarle medidas alternativas al funcionario de Senacsa, afirmando que no hay peligro de fuga ni de obstrucción a la investigación por parte del procesado. “Voy a apelar la decisión del juez, porque este hombre es clave para llegar a los peces gordos del esquema”, concluyó.
