“Porque ahora en el marco del programa metodológico la FGN debe materializar la evidencia derivada de la colaboración brindada por Correa dentro de principio de oportunidad al que se acogió. El proceso de recolección y materialización de la evidencia que puede llegar a los autores intelectuales requiere en la mayoría de las investigaciones y de manera determinante la continua indagación y cooperación del principal testigo, en este caso el eslabón crucial entre la banda delictiva Los paisas y los financiadores del magnicidio, es decir los autores intelectuales. Lo que no podrá ocurrir a partir de la desaparición de este significativo eslabón”, indicó.
Mencionó que aunque el articulador del asesinato de Pecci ya había cerrado colaboración con su muerte, siendo principal eslabón del crimen, “hará más compleja judicialización de autores intelectuales”.
“Ahora el reto para autoridades es confirmar versión y pruebas allegadas por el occiso”, afirmó.
Correa fue asesinado en la madrugada del viernes. El presunto agresor es un recluso llamado Zuleta Márquez Samuel. Este hombre es miembro de Los Paisas, una organización criminal y narcomilitar, según los medios colombianos.
Hasta el momento la versión oficial es que se trataría “de un caso de intolerancia”, que suele suceder en las cárceles de Colombia como consecuencia del hacinamiento.
Debido a esta condición, Correa compartía celda y no estaba protegido como cuando se encontraba en el búnker de la Fiscalía, de donde fue trasladado hasta La Picota.
Correa, a diferencia de otros acusados, aceptó su responsabilidad de haber coordinado el asesinato de Marcelo Pecci, en mayo de 2022 en las Islas Barú en Cartagena cuando estaba celebrando su luna de miel como intermediario entre los narcotraficantes que orquestaron el crimen y los sicarios que lo ejecutaron, y señaló a otros implicados.
En mayo de 2023, Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos fueron condenados a 25 años y seis meses de prisión por su participación en el asesinato; fueron ellos quienes contrataron a Correa.
Las investigaciones habían encontrado que utilizaron al menos a otras siete personas para llevar a cabo el crimen: les proveyeron insumos y se reunieron con los sicarios.
En febrero de 2024, un Juzgado de Cartagena condenó a la esposa de Andrés, Margareth Chacón, por también colaborar en la logística necesaria.
El papel que tuvo Correa, según reconoció en un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, fue el de haber transportado el arma de fuego que se usó para cometer el crimen.
Posteriormente, también aceptó que, tras ser capturado, amenazó a la fiscal del caso y juez de control de garantías que dirigieron las audiencias en las que fue imputado e ingresado en un centro carcelario. or esa colaboración, el testigo clave recibió beneficios para el tiempo de su condena de prisión, pues ayudó a identificar a otras personas involucradas. Además, había asegurado que quería “aceptar y mostrar voluntad de arrepentimiento y de reparación a las víctimas.
