La bancada cartista quiere imponer su proyecto de protección a periodistas sin escuchar al sector afectado, en tanto que el SPP y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) impulsan una normativa integral. El Senado prevé tratar el texto en la sesión de este miércoles.
“Claramente es una afrenta a la memoria de Santiago; muchos de los legisladores y legisladoras que hablan de Santiago, que postean foto de Santiago, pero no tienen la capacidad de sentarse a dialogar efectivamente sobre medidas concretas y necesarias para la protección de periodistas a fin de evitar que hechos como el de Santiago y los 21 periodistas asesinados posteriormente puedan lograr justicia y efectivamente protección”, expresó Dante Leguizamón, secretario de la Coordinadora e hijo del periodista asesinado hace 35 años.
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En cambio, el proyecto de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos busca cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con un mecanismo efectivo, teniendo en cuenta que contempla la participación de los gremios para controlar y acompañar a periodistas en riesgo y representantes de varias instituciones.
“Simplemente ellos no han abierto la posibilidad mínima de adoptar, de fortalecer inclusive su proyecto de ley. Nosotros creemos que hay posibilidades de avanzar con el proyecto de ley que nosotros presentamos, que impulsamos con la Codehupy con los cambios que ellos están planteando, pero lamentablemente no existe esa posibilidad de diálogo”, lamentó.
El sector advierte que así como está redactado el documento cartista no cambia en nada la desprotección que viven los periodistas, especialmente en el interior del país.
A su vez, el secretario general del SPP, Santiago Ortiz, alerta sobre un riesgo a la libertad de expresión y adelanta que las organizaciones tomarán medidas. “También queremos dejar en claro de que esto no termina acá; nosotros seguiremos peleando sea cual fuere el resultado, tanto en la Cámara de Diputados como en todos los espacios institucionales que sean necesarios, en foros y en las calles”, lanzó.
El texto de los oficialistas delega a una simple Dirección del Ministerio del Interior la seguridad de periodistas y excluye a personas defensoras de derechos humanos.
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Desde la oposición persisten las intenciones de negociar con el cartismo para fusionar ambos proyectos y mantener el espíritu del documento que solicitan las organizaciones, teniendo en cuenta la condena de la Corte IDH contra Paraguay por la muerte de Santiago Leguizamón que obliga al país que este tipo de hechos ya no se repitan.
