El caso está en manos del fiscal general, Emiliano Rolón Fernández, quien debe determinar si respalda la decisión a favor del sobreseimiento o asume que se debe revisar el caso y sostener la acusación inicial, como hicieron los primeros fiscales intervinientes, antes de ser recusados.
Estos lograron realizar allanamientos, incautar documentos, probar la falsedad de otros, y hasta testimonios de personas involucradas en el esquema de robo de tierras a través de documentos judiciales falsos. Sin embargo, luego de las 52 recusaciones que terminaron dando a González el caso, la investigación cambió de curso y ahora la misma pide el sobreseimiento de los acusados.
Hasta el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió realizar una revisión del comportamiento de la fiscala González, a través de un sumario interno, así como también presentó una denuncia contra la misma ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La tierra en cuestión es una antigua quinta que llegó a pertenecer al propio ex presidente liberal José P. Guggiari, que cuenta con 4,5 hectáreas y está ubicada en Luque, valuada en USD 5 millones. Esta pasó a manos del prestigioso médico ginecólogo español Ángel Sopeña, fallecido en el año 2019, antes del desalojo y posterior venta a Bendlin y su grupo.
Cronología. La historia comienza cuando la familia Sopeña Quesada empieza a ser atacada con pagarés falsos, por lo que recurren a la abogada Gilda Bordón por recomendación de Bendlin, quien fungía de amigo de la familia, según declaró el propio Mariano Sopeña. Se demostraron que los pagarés eran falsos, pero luego descubrieron que una de las personas con pagaré falso trabajaba con la misma abogada Bordón.
El desalojo a la familia vino a partir de una supuesta Sentencia Judicial N° 77 del 14 de enero del 2021, que posteriormente se comprobó que era falsa, según detalla Bernal, quien mostró dos copias de la misma sentencia que tenían diferencias en su redacción.
Explicó que la primera se utilizó para el desalojo, y la segunda fue un intento de hacer legal el documento con la ayuda de la jueza interina Natalia Garcete, quien denunció el hecho y dijo incluso que le ofrecieron dinero para intentar sobornarla.
La familia Sopeña fue desalojada de manera violenta con la participación de policías y fiscales, y luego ingresaron guardias de seguridad a resguardar la propiedad en cuestión, que quedó en manos de Ema Nilza Turó Martínez, que había vendió a Patrick Bendlin y sus socios por USD1,5 millones la propiedad. La víctima puntual del desalojo fue Mariano Sopeña, quien quedó en la calle tras lo sucedido.
