Apuntó que estuvieron siguiendo la marcha realizada por gremios de empresarios y productores, que reclamaron el pasado lunes un mayor combate al ingreso de productos ilegales al país.
Subrayó que a la par de las reformas citadas, se necesita también renovar funcionarios. “Aduanas tiene población muy longeva que recurrió a la Corte Suprema de Justicia para evitar jubilarse. Tenemos esperanzas de que nuevas acciones de este tipo ya no prosperen. Sesenta funcionarios que ya cumplieron los requisitos para jubilarse entablaron demanda. Próximamente vamos a tener cien personas que van a llegar a 65 años. Necesitamos que esas categorías queden vacantes para traer gente nueva para trabajar”, recalcó.
Fernández subrayó que también están con el problema de la restricción presupuestaria que impide la contratación de personal para cubrir más áreas. “La policía y los militares nos ayudan en los controles. Apostamos al tema de la tecnología que está mejorando significativamente y hemos creado un centro de monitoreo desmonopolizado, que maneja Unidad Interinstitucional Anticontrabando (UIC), incluso para que nos controlen a nosotros”, enfatizó.
Insistió en que falta una dotación de gente para poder cubrir todas las áreas vulnerables, por sobre todo una fuerte intervención en los centros de distribución. “En esto tenemos que apoyarnos con el Ministerio de Industria y Comercio y la UIC, porque es imposible controlar todas las fronteras porque hay demasiadas zonas vulnerables y el contrabando no va a entrar solo por los puestos fronterizos de control, sino por estancias que son contiguas entre Brasil y Paraguay y por otros caminos”, recalcó.
Sobre la corrupción interna de funcionarios que siguen ostentando una vida de lujo y de derroche, manifestó que hay una cuestión histórica que se arrastra y que no se están viendo nuevos casos de funcionarios ostentando viviendas y nuevos edificios, pero que se redujo, aunque no descarta que utilicen la figura de testaferros.