08 mar. 2026

Adjunta rectifica pedido a sobreseimiento provisional

30852017

Debe decidir. El juez de Garantías, Raúl Florentín, quien fijará la audiencia preliminar.

archivo

La fiscala adjunta Lourdes Samaniego rectificó el pedido de sobreseimiento definitivo y pidió el sobreseimiento provisional para un alto funcionario de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), investigado por presunto abuso sexual de una niña de 11 años.

Ahora, el juez de Garantías, Raúl Florentín, debe fijar fecha para la audiencia preliminar en la causa, luego del dictamen presentado por la fiscala adjunta, tras el trámite de oposición del magistrado.

En el caso, el fiscal Aldo Cantero había pedido que el sobreseimiento definitivo del encausado, basado en una pericia que indicaba que el testimonio de la víctima, hijastra del procesado, no era creíble.

Sin embargo, la querella a cargo de la abogada Bettina Legal había requerido una metapericia, lo que había sido rechazada por el juez, aunque en la preliminar el magistrado le dio el trámite de oposición al pedido de Cantero.

La fiscala adjunta hace un relato de la denuncia, la imputación, específicamente sobre lo ocurrido con la niña, supuestamente manoseada por el procesado.

Además, cita las declaraciones de la madre, del padre, y la indagatoria del encausado.

DECLARACIÓN. Finalmente, también habla de la declaración de la niña en cámara Gesell, el 28 de febrero del 2024, como anticipo de prueba, donde también participó la Lic. Graciela Zelada, sicóloga del Poder Judicial.

Después, a petición de la defensa, el juez ordena la evaluación de credibilidad del testimonio de la niña, a través de la cámara Gesell. Así, la sicóloga Zelada elevó el informe que concluye que el testimonio no resultaba creíble.

La fiscala señala que rectifica el requerimiento de sobreseimiento definitivo y solicita el sobreseimiento provisional.

Remarca que la querella había solicitado la metapericia sobre el informe de credibilidad de la Lic. Graciela Zelada, considerando que debía reunir las formalidades de un anticipo probatorio, ya que era un desprendimiento de lo que se dijo en la cámara Gesell.

Así, como diligencia que debe hacerse, solicita la intervención de un profesional idóneo de la Sociedad Paraguaya de Psicología, que es la autoridad competente, para definir si el método usado para el informe de credibilidad responde al protocolo usado por Zelada.

Con ello, dice que esta diligencia resulta necesaria para esclarecer las dudas existentes, por lo que se requiere el sobreseimiento provisional.

Ahora el magistrado Florentín deberá resolver la cuestión. No obstante, la ley señala que la Fiscalía General debe confirmar el pedido o acusar, lo que no se hizo.

Más contenido de esta sección
La retractación de una víctima de violencia tiene “un altísimo porcentaje”, lo que dificulta el proceso, lamenta la fiscala Estela Mary Ramírez. Advirtió que en zonas rurales pueden existir subregistros por normalizar la violencia.
Una investigación académica revela que los operativos realizados por las autoridades de seguridad evidencian que se prefiere la destrucción de ciertos cultivos con una “actuación selectiva del poder penal”.
El médico forense del Ministerio Público Juan Saldívar fue detenido en un operativo encubierto, cuando recibía parte de los G. 15 millones que le habría pedido a uno de sus funcionarios para no denunciarlo penalmente por faltas administrativas. Hay sospechas de que cometió extorsión y cohecho pasivo agravado (coima).
Un Tribunal de Sentencia de Luque condenó a cuatro años de cárcel a una mujer de 55 años que cometió actos sexuales en contra de su propio nieto, cuando este tenía tan solo cinco años. El hecho ocurrió en el 2022, en una ciudad del Departamento Central.
La Comisión Especial en la Cámara de Senadores mantuvo una reunión con representantes de instituciones públicas para hablar de los descuentos judiciales y no judiciales (convencionales), para buscar la manera en que los recortes no sobrepasen el 50% del salario neto de los funcionarios públicos. Recientemente, un Juzgado ya redujo el monto de embargos a una víctima, a quien se le descontaba de manera mensual el 76% de su sueldo.
El juicio oral a Héctor Iván Grau, acusado por la agresión que sufrió el joven Benjamín Zapag, se inició esta mañana en tribunales. La defensa había solicitado la suspensión hasta tanto la Corte Suprema se expidiera sobre la acción de inconstitucionalidad pendiente, pero el pedido fue rechazado por los magistrados.