Lo que el capital busca es seguridad. Ello se traduce en garantías para la vida y los bienes de las personas, un ambiente propicio para que la oferta encuentre demanda. Ello, llevado a un ámbito más específico, requiere seguridad jurídica que le proporcione instancias de reparación a los daños que pudiese sufrir.
Además de no decretar nuevos impuestos o reducir algunos de los existentes, modificar la Ley 60/90 de Fomento de las Inversiones, la incorporación de la maquila agroindustrial y adoptar otras medidas de orden económico, deben darse otras condiciones que atraigan a los inversores.
La previsibilidad jurídica -que significa que la razón es la que prevalece en los pleitos que llegan a instancias judiciales, no el poder del dinero ni las influencias políticas- es una condición fundamental para avanzar en el campo de la instalación de empresas que den trabajo en los diversos ámbitos.
Debido a gobiernos colorados que han alentado un Poder Judicial corrupto, la Justicia paraguaya tiene muchas deudas pendientes. Sin un cambio profundo que abarque, en primer lugar, a la cabeza -es decir la Corte Suprema- y luego a los miembros -juzgados, Ministerio Público, Defensoría, Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y otros órganos-, el avance para derrotar a la pobreza mediante el empleo será lento.
La capacitación es otro aspecto que reclama atención urgente. Si bien con el aumento de la cantidad de universidades que brindan formación profesional hay mayor número de personas con instrucción académica, no existe mano de obra calificada para numerosas tareas que piden cierta calidad de conocimientos. Por inexistente o por haber emigrado a otros países la poca que había, ese es un campo al que el nuevo Gobierno tiene que dar prioridad.
La agroindustria es un rubro que el Paraguay puede desarrollar con éxito. Hasta hoy, las principales fuentes de ingresos por exportaciones provienen de materias primas no elaboradas, siendo la soja y la carne vacuna las de más peso. Darles valor agregado antes que mantener el estado de cosas actual será un paso importante. Para que el área funcione, sin embargo, tienen que resolverse los problemas que hoy aquejan tanto a campesinos sin tierra como a propietarios de explotaciones agrícolas y ganaderas. La paz social es indispensable.
La generación de nuevos puestos de trabajo es de gran importancia estratégica para el gobierno de Fernando Lugo. Su futuro, en gran medida, depende de sus logros en la materia. Por lo tanto, es su obligación crear el ambiente propicio -en lo económico, lo jurídico y otros ámbitos que atañen a las condiciones generales del país- para que se pueda invertir y trabajar.