En una mesa tripartita entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda, el Banco Nacional de Fomento (BNF) y siete centrales sindicales se acordó este lunes restablecer el sistema de seguro médico para unos 20.000 trabajadores públicos.
Se trata de un grupo de funcionarios de la administración central del Estado, a quienes se les había cortado el servicio, informaron a través de NPY.
La reunión se llevó a cabo este lunes en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, tras lo cual el gremialista sindical Reinaldo Barreto, presidente de la Central Sindical de Trabajadores del Paraguay, resaltó ante los medios el acuerdo por el que se decidió levantar las restricciones para que los trabajadores vuelvan a acceder al servicio.
“El problema ha sido destrabado. Hoy se llegó a un acuerdo con respecto a estos compañeros. A unos 15.000 que estaban con problemas con sus familiares se les ha solucionado (el dilema) y van a volver a tener el sistema de seguro médico”, destacó el gremialista.
Entretanto, el profesional también recordó que los funcionarios de las distintas instituciones del Estado cuentan con un sistema de seguro médico que fue establecido por un acuerdo hace alrededor de 25 años, debido a que los mismos no cuentan con el beneficio del Instituto de Previsión Social (IPS).
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Además, expresó que es “un problema de larga (data)” y que tras 25 años de su implementación comenzó a presentar inconvenientes. “Eso se vio desde hace tres o cuatro meses, cuando se suspenden algunas atenciones a trabajadores de la administración central que no tienen IPS y (esto) afecta a sus familiares y niños”, expresó al respecto.
No obstante, el representante sindical manifestó que el actual sistema de seguro médico para los trabajadores del Estado debe ser analizado y actualizado, por lo que este lunes también se conformó una mesa de trabajo entre las instituciones y las centrales sindicales a fin de plantear en 10 días una nueva reglamentación.
El mitin entre los distintos sectores afectados estuvo presidido por la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, con el acompañamiento de representantes de las siete centrales sindicales afectadas y de las entidades ya mencionadas.
