La siderúrgica de Villa Hayes cayó en un proceso de estado vegetativo y con diagnóstico poco favorable para su resurrección luego de una historia plagada de malos manejos, denuncias de corrupción e interminables procesos judiciales desde el inicio de su privatización en 1997.
Acepar SA pide hoy auxilio al Gobierno, como también a inversores que tengan capacidad económica para revivir la planta y su producción, pese a que las condiciones se presentan extremadamente adversas, especialmente, por la inseguridad jurídica que le envuelve.
La planta está inactiva hace dos años y dejó sin puestos de trabajo y sustento a 550 trabajadores que hoy se están movilizando frente a la Procuraduría General de la República (PGR), con huelga de hambre de algunos, para reclamar una salida para el pago de salarios caídos de más de once meses y la reactivación de la planta.
La historia más reciente dice que, en el 2014, el Gobierno de Horacio Cartes accionó y logró la intervención judicial de la empresa que estaba a cargo del grupo empresarial paraguayo Incidsa. La administración fue asumida por el ingeniero José Luis Vinader.
Luego de unos días, el Gobierno anunció que Acepar fue literalmente vaciada y que iniciarían un proceso para su reactivación, estudiar todos los documentos de acreedores, a la par de impulsar una acción ante un Tribunal Arbitral para que las acciones mayoritarias sean devueltas al Estado por incumplimiento del contrato de privatización que se inició en 1997.
Vinader concretó el arrendamiento de la planta al grupo empresarial brasileño Vetorial. Antes del arranque se dio la posibilidad a los trabajadores de acogerse al pago por su antigüedad. Solo una veintena decidió no negociar.
INCUMPLIÓ. Vetorial empezó a producir, pero a medida que pasaba el tiempo, no lograba cumplir con lo acordado. Finalmente, anunció su retiro y dejó un tendal de víctimas económicas. A Acepar se quedó debiendo 6,5 millones de dólares, mientras una cifra similar o superior a proveedoras privadas.
Luego de este retiro, la administración judicial negoció con el grupo chino HCME. Este llegó a desembarcar en la planta, pero luego de varios inconvenientes y obstáculos, según alegaron, decidieron no seguir.
Desde diciembre de 2018 la empresa dejó de pagar salarios a los trabajadores y apenas llegó a completar a cuotas el pago del aguinaldo. Antes de llegar a mitad de año, los obreros también se quedaron sin la cobertura del IPS.
Anteriormente, la empresa pagaba salarios y otros gastos con la venta de chatarras, pero Vinader hace un tiempo viene manifestando que no es una forma sostenible de mantener la empresa.
La pelota ahora está en cancha del Gobierno. La Procuraduría General de la República (PGR) dice que están viendo una alternativa de solución definitiva que pasa por la reactivación de la planta, pero también reconoce que es una misión complicada.
Los trabajadores, incluso, piden que el Estado sea garante de un préstamo para invertir en la reactivación de la planta y que esta vaya pagando con su producción.
Según Vinader y los propios trabajadores, se requiere de al menos 30 millones de dólares de inversión en la vetusta instalación que produce acero a partir de minerales de hierro con hornos que operan con combustible vegetal (carbón).
Cronología de corrupción y demandas
Acepar inició su historia de calvario en 1997, cuando el Gobierno de Juan Carlos Wasmosy impulsó su privatización. El precio de venta se había fijado en USD 35 millones que debían terminar de pagarse en 2009, pero la última cuota de cinco millones de dólares no se abonó.
El Gobierno de Horacio Cartes logró en el 2014 que la empresa sea intervenida y quede bajo administración judicial, cuando estaba al frente el consorcio paraguayo Industria Siderúrgica SA.
El procurador Roberto Moreno demandó ante un tribunal de arbitraje el incumplimiento del contrato de privatización y pidió que las acciones de Acepar vuelvan al Estado. El tribunal nunca se conformó y no hay estudio ni definición sobre la demanda.
