Desde que la Justicia autorizó el viernes a que se le practicara un aborto legal a la menor y los médicos en la ciudad de Vitoria (sudeste) se negaran por motivos de conciencia, la menor y su familia enfrentaron un viacrucis que, desde el punto de vista clínico, terminó este lunes con el final del procedimiento quirúrgico en Recife (noreste).
La menor “puede ser dada de alta en cualquier momento. Fue un procedimiento inducido, todo de acuerdo con el protocolo de seguridad y de forma efectiva, reduciendo al máximo el sufrimiento de la niña y hoy (lunes) está muy aliviada”, dijo a EFE el médico Olimpio Moraes, responsable por la realización del procedimiento.
En la decisión, el juez Antonio Moreira Fernandes, del Tribunal de Justicia del estado de Espírito Santo, determinó la realización “inmediata” del aborto por procedimiento inducido o por cirugía.
Moreira Fernandes argumentó haber tenido en cuenta la evaluación sicológica y el deseo de interrumpir la gestación de la propia menor.
En Brasil, el aborto solo está permitido en casos de violación, si la gestante corre riesgo de muerte o cuando el feto presenta anencefalia.
Sin embargo, la polémica, muy recurrente en Brasil, se reavivó debido al eco mediático del caso y a las manifestaciones de activistas a favor y en contra del aborto en las afueras del hospital.
Como factor para los que respaldaban el procedimiento, contó el hecho de que la familia de la niña, que es negra y de escasos recursos, tuviera que desplazarse 1.848 kilómetros en avión hasta otra ciudad Recife (estado de Pernambuco) para poder cumplir con la interrupción del embarazo.
La Fiscalía regional de Espírito Santo, de la que Vitoria es su capital, abrió una investigación por la supuesta presión de grupos religiosos, tanto evangélicos como católicos, para intentar persuadir a la familia de la menor para que no se realizara el aborto.
El supuesto responsable, un tío de la menor de 33 años que presuntamente realizaba los abusos desde que la niña tenía 6 años, está prófugo de la Justicia.
Médico excomulgado
Moraes, que es director del Centro Integrado de Salud Amaury de Medeiros (Cisam) de Recife, una clínica materna pública de referencia en el país para este tipo de procedimientos, ya fue excomulgado por la Iglesia Católica después de practicar en 2009 un aborto legal de gemelos a una menor de 9 años.
“Ese caso tuvo una repercusión muy grande también, en aquella época en los medios internacionales y este, con la niña de 10 años, también es uno de los casos más precoces. Lo más común es que sea de 12, 13 o 14 años para adelante, lo que también es violación”, comentó el médico.
Según el director del Cisam, “cuanto menor es la edad, más riesgo hay para la niña y estamos acostumbrados a esta controversia y principalmente cuando hay una bola dividida como esta, que trae un desgaste muy grande para todos los que participan”.
El galeno respetó la decisión de sus colegas en Espirito Santo, porque algunos estados “tienen protocolos diferentes, más rígidos” y, en ese sentido, recalcó que Pernambuco, particularmente el Cisam, actúa desde 1996 como “referencia en atención de casos de violencia contra la mujer y para el aborto previsto en la ley”.
“Esta repercusión ocurre cuando todo sale de lo normal, cuando hay fuerzas que quieren obstruir los derechos de la niña, de la mujer. Es un derecho humano a la dignidad, un derecho de todo Brasil”, lamentó el ginecólogo y obstetra.
En el Cisam, subrayó Moraes, el procedimiento practicado la noche del domingo a la niña “también está dentro de la ley, la norma técnica del Ministerio de Salud orienta que sea hasta las 22 semanas, pero no es impedimento hacer el aborto de una violación más allá de las 22 semanas”.
“Este caso no era de 6 meses (como se llegó a mencionar), en realidad era un feto de 5 meses, inviable, y nosotros estamos siguiendo nuestro protocolo del Ministerio de Salud del Gobierno Brasileño”, con respaldo de la Fiscalía, representantes de sectores de la sociedad civil y de los consejos médicos, completó.
Negras, indígenas y pobres
El Instituto Anis apuntó en 2019 que el 15% de las mujeres negras y el 24% de las indígenas ya hicieron por lo menos un aborto en su vida, comparado con el 9% de las blancas.
En 2018, de acuerdo con el Anuario de Seguridad Pública, en el país se cometieron 66.000 violaciones sexuales, con un 54% a menores de 13 años y 82% de sexo femenino.
La publicación Cuaderno de Salud Pública de Río de Janeiro, en tanto, recopiló datos entre 2008 y 2015 en el que apunta que en ese periodo se presentaron casi 200.000 hospitalizaciones por aborto, de los cuales 1.600 fueron por práctica legal, y ocurrieron entre el total 770 muertes de las mujeres.
