Osvaldo Granada Sallaberry –representante legal del ex ministro René Fernández, uno de los imputados por el Ministerio Público por supuestas filtraciones relacionadas al ex presidente Horacio Cartes–, señaló que el proceso forma parte de un “sistema perverso” de persecución a adversarios políticos.
Responsabilizó de este hecho al ex presidente Horacio Cartes, a quien atribuyó conductas autoritarias.
“Ojalá no se vuelva otro Stroessner, pero está dando esas características”, afirmó en comunicación con los medios de prensa, según informó Liz Acosta, periodista de Última Hora.
El profesional del derecho se mostró preocupado por el copamiento de las instituciones encargadas de impartir justicia por parte de un sector del partido colorado, lo que constituye un peligro para la democracia, según su opinión.
“Los colorados entronizamos un sistema perverso, en que parte del partido se adueña del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y amedrenta al Poder Judicial y a la Fiscalía”, advirtió.
Expulsión de Kattya
Granada afirmó que el autoritarismo también quedó retratado en la expulsión de la senadora opositora Kattya González, una de las más críticas a la figura del ex mandatario y a su movimiento político Honor Colorado.
“Doy gracias a Dios que a Kattya la hayan echado del Poder Legislativo, porque creo que si no la echaban de esa forma ilegal en que la echaron, iban a buscar su eliminación física”, expresó.
Legisladores de Honor Colorado y sus aliados lograron la destitución de la legisladora en una sesión extraordinaria que fue señalada por irregularidades, despertando incluso la reacción de la comunidad internacional, que expresó su preocupación por la situación política del país.
“Nueva forma de persecución”
Por su parte, el abogado Felino Amarilla, representante legal del ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui, se refirió a la imputación del Ministerio Público como parte de un procceso de un sistema autoritario y totalitario, y también lo comparó con los oscuros tiempos de la dictadura.
“Es la nueva forma de persecución, en la dictadura era la tortura y la Ley 209, hoy es la Fiscalía”, indicó el abogado refiriéndose a la Ley de Defensa de la Paz Pública y Libertad de las Personas, que fue utilizada como andamiaje para sustentar la tiranía de Stroessner.
Se trata de una ley represiva que fue utilizada para perseguir a los que se oponían al régimen dictatorial, hecho que se está tratando de replicar en estos tiempos, según Amarilla. “Hoy no hacen falta leyes represivas, hoy la Fiscalía actúa de represor”, agregó.
En este sentido, recordó los dichos de su colega Pedro Ovelar, representante legal de Horacio Cartes, quien realizó una solapada amenaza a periodistas, anticipando que serán llamados a declarar ante la Fiscalía en el marco del proceso por las supuestas filtraciones de informaciones confidenciales sobre el ex presidente Cartes. “Están tratando de hacer quebrar a funcionarios y periodistas, Pedro Ovelar ya tiene resuelto el caso, él toca la música que baila la Fiscalía”, enfatizó.
La investigación de la Fiscalía
Los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti imputaron el lunes al ex presidente de la República Mario Abdo Benítez (2018-2023), a los ex titulares durante su gobierno de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Ministerio del Interior y la Secretaría Anticorrupción (Senac), entre otros funcionarios, por supuestas filtraciones de documentos confidenciales que hacen referencia a Cartes.
En la causa iniciada tras la denuncia de Giuzzio contra Cartes, el entonces fiscal Osmar Legal había solicitado a la Seprelad que le indique si existían informes de inteligencia sobre HC en los últimos diez años.
Y es aquí donde supuestamente Abdo impulsó a funcionarios a elaborar y filtrar el informe de inteligencia, “con fines electorales”.
En febrero del 2022, se inició “un proyecto de informe de inteligencia”, con reportes de operaciones sospechosas de Cartes, Tabacalera del Este (Tabesa) y de Sarah Cartes.
Los avances del informe se enviaban los funcionarios por correo y habrían sido editados incluso por René Fernández, ex ministro de Senac.
También fueron imputados el diputado Mauricio Espínola, ex secretario privado de Mario Abdo; Carmen Pereira Bogado, ex directora general de Análisis Financiero y directora adjunta de Seprelad; Francisco Pereira Cohene, director de Análisis Financiero “B” y Guillermo Preda, quien también se desempeñaba como funcionario de esta institución.
