El abogado Roberto Améndola, conocido por representar a varios ex funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores en demandas promovidas contra la institución, asegura que en el caso del ex cónsul en Paranaguá Bernardino Caballero Barrios, este cuenta con sentencia favorable, y la citada cartera de Estado le sigue adeudando USD 217.033 por indemnización. Esta suma, asegura, sigue generando intereses y existe incluso un dictamen de la Procuraduría General de la República, fechada en junio de 2013, que señala al MRE que las sentencias en este caso están firmes y ejecutoriadas. Aún así, el MRE apeló las resoluciones dictadas por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de la capital, y el juicio no ha concluido.
“Es de exclusiva responsabilidad del Ministerio, al que se le ofreció una solución negociada, pero no ha contestado nunca”, resaltó el abogado. También afirmó que en los casos de Agustín Alfaro Blanco y María Teresa Aguilera de Felice los juicios prescribieron. Ambos demandaban pago de salarios caídos y, en el caso de la funcionaria, la reincorporación.
Según Améndola, a la fecha el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene como deuda con funcionarios en demandas concluidas, firmes, ejecutoriadas, debidamente notificadas, unos USD 2.000.000, “que simplemente no quiere pagar”. La Cancillería Nacional, en un informe del Viceministerio de Administración y Asuntos Técnicos, resalta que el MRE ahorrará aproximadamente USD 20.901.496 en virtud de sentencias favorables que le libraron de pagar indemnización a Lincoln Alfieri, por un monto de USD 10.739.832 incluido intereses; Bernardino Caballero, por USD 132.912 más intereses; Alfredo Alfaro Blanco, por un monto de USD 5.014.376, y María Teresa Aguilera de Felice, que iba a representar una erogación de USD 5.014.376, según cálculos de la institución.
Para Améndola, la Cancillería Nacional es “mala perdedora”, lo que normalmente le ha obligado a entablar juicios sobre ejecución de resoluciones judiciales.
Por medio de un convenio, el MRE y la Procuraduría General de la República llevan adelante la defensa en todos los casos de demanda que afronta la secretaría de Estado, encargada de la política exterior.
