El abogado Ricardo Preda fue entrevistado en el programa La Lupa, emitido por Telefuturo, para debatir sobre este caso, que dividió a la opinión pública entre los que están a favor de la actuación del ciudadano justiciero y los que no.
Derlis’i, que cuenta con un rosario de antecedentes penales, supuestamente fue descubierto robando G. 2 millones del interior de un vehículo y la propia víctima lo habría atrapado para llevarlo al Ministerio Público, haciendo el papel de policía.
Preda sostuvo que no hubo flagrancia y criticó la conducta del justiciero, afirmando que “es algo que la Constitución Nacional dice que no se puede hacer: justicia por manos propias”, refiriéndose al artículo 15 de la Carta Magna.
El afectado está convencido de que Derlis’i cometió un hecho punible –del cual fue víctima–, debido a los múltiples robos que este habría cometido en la zona, creando zozobra en el vecindario.
Para el abogado Preda, la situación de flagrancia ya no está presente y él decide actuar porque las autoridades tal vez no lo hicieron.
ORDEN DE DETENCIÓN. El sospechoso tenía órdenes de detención; sin embargo, dijo que el ciudadano no es la figura establecida por ley para ejecutarlas, sino que tienen que ser aplicadas por la Policía Nacional.
Recalcó que la detención por parte del ciudadano está permitida por el Código Procesal Penal (CPP) cuando se produce en flagrancia, es decir, cuando el hecho está ocurriendo, cuando está a punto de ocurrir, cuando la persona acaba de cometer el hecho y cuando está siendo perseguida por la autoridad o por algunos otros ciudadanos.
Avelina Centurión, madre de Derlis, realizó una denuncia por tortura contra el hombre que atrapó a su hijo y por omisión de auxilio contra las personas que estaban observando el hecho frente al local de la Fiscalía en San Antonio.
La mujer alegó que “no estuvo bien lo que hizo el hombre” y que ella no se opone a que su hijo sea detenido, sino que cuestiona la “tortura” a la que supuestamente fue sometido al costado del río, donde se produjo la aprehensión.
“No son delincuentes, son enfermos en adicción. Nuestras autoridades no ponen de su parte para terminar con la venta de drogas y la juventud se pierde”, dijo la madre.
Invitado al programa La Lupa, Ricardo Preda señaló que solo en algunos casos un civil está habilitado a reducir a un sospechoso, pero recordó que está prohibido hacer justicia por mano propia.