El documento con fecha 15 de marzo pasado está dirigido a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, la diputada Roya Torres Báez. El escrito amplía una denuncia que presentó ante la misma instancia el 1 de noviembre de 2021.
“La escucha con orden judicial que debe servir para administrar justicia ha perdido su norte, y se presta para la reyerta política a lo menos, a lo más para la extorsión, la coacción, el chantaje, el crimen y el delito (...)”, dice parte del escrito presentado por el letrado.
Las escuchas telefónicas se dieron en el marco de una causa tramitada ante el Juzgado Penal a cargo de la jueza Rosarito Montanía.
Ya el Colegio de Abogados del Paraguay se manifestó ante la grave denuncia de Lobo Corbeta. Pidió al Poder Judicial, a la Fiscalía y al Ministerio del Interior iniciar cuanto antes una investigación. “Yo denuncié la actuación de la Justicia en mi caso particular y advertía de que me querían instruir un sumario para sacarme la matrícula, y se cumplió, me iniciaron el sumario totalmente infundado. Lo que están buscando es acallarme, que yo deje de quejarme de las actuaciones irregulares de la jueza Rosarito Montanía”, manifestó el abogado en comunicación con ÚH.
Inclusive la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA) con sede en Madrid, España, se pronunció sobre el caso que afecta al letrado. Repudió las escuchas realizadas al abogado y requirió a la Corte Suprema de Justicia deslindar responsabilidades. “Dicho agravio constituye un ataque ilegal a todo el ejercicio de la abogacía, en especial iberoamericana, vulnerando el secreto profesional y la independencia abogadil”, expresa una parte de la declaración de la UIBA, anexada al escrito que el abogado acaba de presentar en Diputados.
Lobo Corbeta denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a la jueza Montanía. También al fiscal Eduardo Royg por el supuesto irregular espionaje telefónico. La magistrada, por su parte, lo denunció ante la Superintendencia de la Corte, que inició un sumario al abogado, que afirma no tener garantías de que la Corte obre conforme a derecho.