La Cámara de Diputados sancionó el martes el proyecto de ley de declaración jurada de bienes y rentas de los funcionarios y ahora queda en manos del jefe del Ejecutivo, Mario Abdo Benítez, su veto o aprobación.
Sin embargo, el presidente de la República adelantó su posición al respecto a los medios este miércoles.
“Si realmente se despenaliza el falseamiento de las declaraciones juradas, evidentemente, tenemos la obligación moral de vetar”, refirió.
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Afirmó en este sentido que todavía no tuvo tiempo de analizar el documento sancionado, pero dijo que se pierde totalmente la esencia de las declaraciones juradas, si es que no van a tener una pena el falseamiento de las mismas.
“Me cuesta creer que esa redacción tiene la ley, realmente. Por eso digo que no quiero adelantar una opinión formal, pero sí una conceptual. Y el concepto es que si la ley despenaliza el falseamiento de datos de declaraciones juradas, vamos a vetar”, reforzó en otro momento, durante su visita a una industria textil.
Mediante una jugada para adelantarse a la Corte Suprema de Justicia, diputados colorados y liberales sancionaron el texto, que además da vía libre a políticos corruptos a enriquecerse.
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La versión del Senado fue rechazada y la mayoría decidió ratificarse en el texto con dictamen positivo de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Con esta nueva norma, los datos falsos que sean hallados en las declaraciones sobre los bienes de todos los funcionarios, incluyendo altas autoridades, serán considerados errores administrativos y, por tanto, quedan despenalizados.
La propuesta de ley también contempla que las declaraciones juradas solamente se podrán publicar con una orden judicial. Por otro lado, establece que las empresas o personas jurídicas proveedores del Estado también deberán rendir cuentas de su patrimonio ante la Contraloría General de la República.
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Los opositores consideraron el proyecto como una violación al artículo 104 de la Constitución, sobre las declaraciones juradas.
Por su parte, el abogado constitucionalista Hugo Estigarribia calificó esta situación como una “barbaridad”. “Es una decisión aberrante de la Cámara de Diputados que el presidente de la República (Mario Abdo Benítez) tiene que vetar, porque lo que falta en la ley de declaraciones juradas es establecer penas”, subrayó.
La Corte Suprema de Justicia debe resolver si las declaraciones juradas de funcionarios estatales son o no públicas. La sentencia definitiva debe definirse esta semana, según anunciaron los ministros de la máxima instancia.
