La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores dictaminó ayer sobre el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2026.
El encuentro se realizó a puertas cerradas, es decir, se trató de una sesión reservada y estuvo presidida por el legislador Silvio Beto Ovelar, quien también se había desempeñado como presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto.
Tras la sesión de ayer, Ovelar brindó declaraciones a los medios de prensa, donde confirmó que decidieron tomar como base principalmente el dictamen de la Bicameral, descartando así todos los cambios que se hicieron en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, dijo que incluyeron nuevos cambios, mientras que algunas modificaciones de la Cámara Baja sí fueron tomadas en cuenta.
“La versión que nosotros tomamos como referencia fue la de la Bicameral y en algunos casos se tomó lo resuelto en Diputados, pero la Bicameral fue la base del estudio de la Comisión de Hacienda (...). Senado ha generado algunas modificaciones. Tratamos de equilibrar y tener los números que nos permitan no superar el déficit fiscal del 1,5% (del PIB)”, aseguró el senador.
El dictamen de la Bicameral planteaba un aumento de G. 186.431 millones (USD 23,6 millones, al tipo de cambio previsto por el Ministerio de Economía para 2026) respecto al proyecto remitido previamente por el Poder Ejecutivo, mientras que Diputados dio media sanción a un proyecto que incluye un incremento adicional de G. 12.784 millones, haciendo que el aumento ascienda a G. 199.215 millones (USD 25,2 millones).
Esta instancia aprobó la incorporación de G. 5.000 millones para la Senadis para la compra de prótesis; G. 34.700 millones más para aumentos salariales a funcionarios administrativos, así como un recorte de G. 3.800 millones en el rubro de subsidios al transporte público para destinarlos a funcionarios de la Fiscalía.
También se otorgó un incremento de G. 1.385 millones a favor de la Corte Suprema para la creación de un Tribunal de Apelación, otro de Sentencia, un Juzgado de Ejecución Penal y uno Laboral, entre otros cambios.
En caso de que el pleno del Senado incluya más modificaciones, el documento debe volver a Diputados. Si esta Cámara no aprueba el nuevo planteamiento, deberá retornar al Senado, donde finalmente se tomará la decisión para remitirlo al Ejecutivo.
