07 may. 2026

A prisión funcionario condenado con ministro Bajac

UHSUC20251130-054C,ph01_30687.jpg

Rafael Luis María Ramírez

La Policía Nacional detuvo a Rafael Luis María Ramírez Doldán, el ex funcionario judicial que fue condenado a 2 años y seis meses de cárcel por tráfico de influencias, tras ser cómplice del entonces ministro de la Corte, Óscar Bajac, en un pedido de coima.

A inicios de este mes, la Corte declaró inadmisible los recursos de casación que habían planteado, por lo que quedó firme las condenas de 3 años para Bajac y de 2 y medio para Ramírez, por cohecho pasivo agravado.

COIMA. El caso salió a luz en el 2018. Se denunció que el entonces ministro de Corte había pedido USD 50.000 a cambio de firmar una resolución favorable para la empresa Cal Agro, que en ese momento estaba en un litigio con la firma la Industria Nacional del Cemento (INC).

Bajac era ministro de la Sala Civil y Comercial y le pidió al abogado Felipe Nery Páez y a la propietaria de la firma Cal Agro SA, Liduvina Rodríguez, dicho monto de dinero, que era el 5% del capital establecido en juicio por indemnización de daños y perjuicios.

Tras una investigación del fiscal de Delitos Económicos, Luis Piñánez, cayó detenido en una entrega vigilada Rafael Ramírez Doldán, quien recibió parte del dinero de la coima en julio del 2018, en la Plaza de la Justicia.

ORDEN DE CAPTURA. Tras quedar firme la sentencia dictada en febrero de este año, la jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer ordenó la captura del ex funcionario judicial y del ex ministro.

Tras ser detenido Ramírez, la jueza computó la pena que le faltaba y se estableció que cumplirá la totalidad de su condena el 17 de marzo del año 2028.

Más contenido de esta sección
La Sala Penal de la Corte confirmó el plazo extraordinario concedido a la fiscala Yeimi Adle para investigar al ex fiscal Bernardo Elizaur, procesado por un caso de coima. Los ministros declararon inadmisible el recurso de apelación promovido por la defensa.
El abogado Jorge Rolón Luna, quien fue uno de los primeros denunciantes del esquema criminal de la mafia de pagarés, celebró que el Juzgado se haya opuesto a otorgar la suspensión condicional del procedimiento a una ex ujier del Juzgado de Paz de Recoleta. “Deben devolver lo robado a las víctimas, hasta el último centavo”, expuso.
El Tribunal Especializado que juzgará el caso del Operativo Pavo Real rechazó el pedido de libertad de la defensa del procesado Daniel Montenegro Menesez, ex esposo de la fiscala Katia Uemura, quien planteó la revisión de sus medidas cautelares con el argumento de que era una pena anticipada. Es uno de los supuestos prestanombres de Jarvis Chimenes Pavão.
Para mañana viernes 8 de mayo, a las 08:30, la abogada Zully Ortiz, imputada por el caso de la mafia de los pagarés, debía presentarse en el Juzgado de Villa Hayes para su audiencia preliminar, junto con los dueños de una empresa que habría hecho pagar a una víctima tres veces la deuda. Sin embargo, la principal acusada cambió hoy de defensora y solicitó la suspensión de la audiencia.
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú concedió arresto domiciliario, con uso de tobillera electrónica, a Antonia Galeano, funcionaria de la Dirección de Estadística de la sede judicial de San Lorenzo, quien fue detenida durante un operativo encubierto tras presuntamente pedir dinero para mediar en una medida cautelar a favor de un procesado por narcotráfico.
INCIPIENTE. La Fiscalía sospecha de un esquema que lucra con resoluciones a favor de presos.