Esto, tras la resolución del juez de Garantías Miguel Palacios, quien admitió la acusación planteada por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz, que fue defendida por su colega Alma Zayas.
La resolución afecta al suboficial inspector Ramón Balbino Vargas Espinoza y el suboficial superior Félix Antonio Ayala Caballero, por presuntos hechos de frustración de la persecución y ejecución penal, acceso indebido a sistemas informáticos y por alteración de datos relevantes para la prueba.
Ambos son acusados como los responsables de cambiar los datos del presunto narcotraficante prófugo José Bogado Quevedo, quien tenía orden de detención con fines de extradición.
En la audiencia preliminar, la fiscala Zayas se ratificó en el pedido de elevar el caso a juicio oral. A este pedido se allanó la defensa de los procesados y ofreció sus pruebas. Con ello, al final, el juez elevó el caso para su juzgamiento público.