A solo dos meses de que prescriba la causa del fallido Metrobús –que costó millones en pérdidas a cientos de ciudadanos–, ya que en mayo se cumplirán cinco años de que se presentó la denuncia, la investigación sigue sin siquiera un solo imputado.
La denuncia contra este proyecto –que comenzó, pero nunca se terminó y tuvo que ser nuevamente desmantelado–, la había presentado el 28 de mayo del 2018 el ingeniero Hermann Pankow. Iba contra el ex ministro de Obras Públicas (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, y la ex viceministra de Finanzas, Marta Benítez. La denuncia fue ampliada en setiembre del mismo año, involucrando al ex viceministro de Obras, Juan Manuel Cano, al ex representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Eduardo Almeida, y a Guillermo Alcaraz, por usurpación de funciones públicas.
Pero no fue la única denuncia. Ya en el 2019, se sumó el senador Enrique Salyn Buzarquis, quien denunció también al ex ministro.
EL RECLAMO. Fueron denunciados varios hechos; el primero, que en el pliego de bases indicaba que no se podía aumentar nada en el contrato, ya que el contratista hacía su propio proyecto. Mencionaron como irregularidad que la Ley del Préstamo 5133/13 ponía como techo máximo un 15% de aumento y de posibilidad de subcontrato, pero supuestamente se aumentó 34% en cuanto al monto y más del 50% se subcontrató.
El reglamento establecía que, para iniciar la obra se debía tener liberada la franja de dominio, pero hubo deficiencia en la planificación. En cuanto a las aprobaciones de municipios afectados, esto, no se cumplió.
La denuncia contra el fallido proyecto denominado Reconversión Urbana y Metrobús fue ampliada con puntos claves de la auditoría que realizó la Contraloría.
En su informe final, detalla que la falta de planificación y control por parte del MOPC derivó en el desembolso de USD 29 millones, que, en partes considerables, no cumplen las especificaciones técnicas.
INVESTIGACIÓN. El caso está a cargo de la fiscala María Estefanía González, quien quedó en la causa luego varias recusaciones. Hasta el momento, no se hizo allanamientos y ninguna persona fue imputada, pese a insistencias de los denunciantes.
Informe final de Contraloría habla de varias irregularidades
El informe habla de que las obras privaron a los ciudadanos de beneficios económicos por unos USD 85 millones. Además, se pudo determinar perjuicios por el lucro cesante de comercios, gastos innecesarios en consultorías y gastos por la demolición de obras.
Por otra parte, la Contraloría menciona una falta de aplicación de multas por incumplimiento de metas parciales por valor de G. 14.550 millones.
Se detectó también más de G. 9.400 millones del monto contractual, incumpliendo la modalidad de contrato global.
Y en lo que respecta al desagüe pluvial, se constató que se pagaron G. 17.422 millones por un sistema deficiente.