Un grupo de 17 víctimas del incendio del Ycuá Bolaños, entre sobrevivientes y familiares, recibieron ayer un cheque judicial en concepto de indemnización por los daños ocasionados tras la tragedia del 1 de agosto del 2004.
Es la primera vez que se efectiviza un desembolso, desde la Contaduría del Poder Judicial, a favor de las víctimas en el marco de un proceso abierto en lo civil-penal.
El resarcimiento anterior se había realizado por cuenta del Estado paraguayo, en virtud de que habían caducado los procesos civiles de centenares de afectados por la tragedia.
“Catorce años después, las puertas del Ycuá se abrieron”, ensayó la jueza Victoria Ortiz, quien autorizó la orden de pago a este grupo de víctimas.
Mientras, alrededor de 150 afectados por el siniestro todavía siguen –en procesos judiciales diferentes– pugnando para acceder a parte del fondo obrante en el Banco Nacional de Fomento a favor de los afectados, pero que se encuentran en embargo preventivo.
“Hace tiempo que se debía resolver esto”, postuló el ministro Eugenio Jiménez Rolón, flamante ministro de la Corte Suprema de Justicia, quien entregó los cheques a cada afectado en un acto que se realizó en la Sala de Conferencia del Palacio de Justicia.
Sobrevivientes y familiares recibieron cada uno el monto de G. 300.000.000 en concepto de resarcimiento.
A cada cual se le asignó el dinero en una cuenta en el BNF, donde hay G. 21.813 millones que la aseguradora depositó luego del incendio.
Por seguridad, representantes de la entidad bancaria estuvieron presentes ayer para gestionarles tarjetas plásticas para que puedan retirar el dinero cuando precisen.
jUSTICIA. Si bien la pérdida ocasionada en el 1-A es irreparable, las víctimas sintieron por fin algo de justicia: como la mayoría son de escasos recursos, esta compensación económica les permitirá salir adelante y cumplir como corresponde con tratamientos médicos que muchos aún tienen por diversas secuelas dejadas por el siniestro.
“Se hizo justicia, al que busca justicia le llega”, expresó Raquel (seudónimo), luego de retirar su cheque.
Ella sobrevivió al incendio, pero su hijo –que no estuvo ahí ese fatídico domingo– quedó con secuelas neurológicas cuando le dijeron que su abuela y su madre habían fallecido ese día.
“A él se le dio la noticia de que habíamos muerto todos. En ese tiempo mi hijo tenía 19 años, estaba en su trabajo y le dejó en shock ese aviso”, relató la mujer. Incluso, su nombre y el de su madre salieron en la lista de los primeros fallecidos. Más tarde supo –contó Raquel– que solo su abuela había perecido.
en la calle. Desde el luctuoso suceso, ella vende cartones de lotería en la calle. “Hemos luchado mucho, personalmente y los abogados con nosotros también. Pero siempre nosotros nos adelantamos”, señaló a las demás víctimas.
“Estoy trabajando como vendedora de bingo desde que pasó la tragedia, porque si veo otro trabajo no voy a tener permiso para realizar mis gestiones”, dijo sobre el sacrificio que le insumió llegar hasta esta instancia. “Entonces me dediqué a vender bingo durante 14 años para poder hacer mis gestiones: G. 2.000 nomás es la ganancia en cada boleta. Pero de ese dos mil yo comía y hacía mis gestiones”, precisó.
Raquel va a pensar todavía lo que hará con el dinero que obtuvo de la indemnización. Aún no tiene definido si abrirá un negocio o qué hará.
Tratamiento. De lo que sí está segura es que buena parte destinará a la terapia médica que su hijo necesita. “A raíz de la tragedia mi hijo tiene consecuencia de esquizofrenia cerebral: perdió la noción de escribir, solamente lee ahora. Y con lo que recibí, ahora, voy a hacerle un tratamiento. Vamos a continuar luchando con mi hijo”, dijo al indicar que él –en la medida de sus posibilidades– le acompaña en la venta callejera.