Esto, según determinó el juez de Ejecución Carlos Mendoza, luego de que el ex ministro se presentara voluntariamente el 27 de abril de 2026 ante la Policía Nacional, dos años después de que haya sido intimado para cumplir su sanción penal.
El condenado ex secretario de Estado está en prisión desde el día en que se presentó para cumplir la pena, que se le impuso por lesión de confianza, dentro del marco del caso por el desvío de más de G. 6.400 millones del programa Vaso de Leche, que se hizo en el 2012.
La resolución fue dictada por el citado magistrado Carlos Mendoza que determinó el cómputo final de la pena privativa de libertad que le impuso el Tribunal de Sentencia. Estableció que la condena será compurgada en su totalidad el 27 de abril de 2030.
Asimismo, según el fallo, el ex ministro de la Niñez podrá solicitar salidas transitorias en el mes de abril de 2028 y acceder a la libertad condicional desde diciembre de 2029, al cumplir las dos terceras partes de la pena.
Por otro lado, la resolución dispuso la evaluación por parte del Organismo Técnico Criminológico para su tratamiento y proceso de reinserción, y se dejaron sin efecto las órdenes de captura dictadas anteriormente.
El 10 de julio del 2020, en juicio oral y público, Orué Rolandi fue encontrado culpable de lesión de confianza, por lo que le impusieron la citada pena de 4 años de encierro.
Esto fue ratificado por el Tribunal de Apelación Penal y finalmente por la Sala Penal de la Corte Suprema, con lo que el expediente finalmente llegó al Juzgado de Ejecución de Sentencia.
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El 7 de octubre del 2024, el juez de Ejecución tuvo por recibido el expediente, dejó sin efecto las medidas alternativas que gozaba el ex ministro, y le intimó a presentarse para cumplir con su condena.
No obstante, recién dos años después de ser intimado para que se presentara a cumplir con su pena, es que se presentó la semana pasada ante la Policía Nacional para cumplir con la sanción.
En el caso, el ex ministro y la proveedora del Estado Nancy Lucina Godoy fueron acusados por el supuesto desvío de dinero en la campaña Vaso de Leche, que data del 2012. El perjuicio patrimonial al Estado fue de G. 3.642.442.072, según se probó en el juicio oral.
En el caso, también fueron juzgados la directora de Planificación, Laura Aída Gamarra; la nutricionista Gloria Benita Arroyo Vázquez; la jefa de Evaluación, María Araceli Cotillo Rolón, y el director administrativo, Carlos Alberto Centurión González, así como también la directora de la Unidad Operativa de Contrataciones, Nelly Justina Cano Florentín.
