El complejo caso conjunto contra Jalid Sheij Mohamed, quien habría propuesto la idea a Osama bin Laden y luego supervisado la operación, Ammar al Baluchi, Walid bin Attash y Mustafa al Hawsawi, se tramita ante las comisiones militares creadas en la base naval de Guantánamo.
En su enclave militar al este de Cuba, EEUU llegó a retener a unos 780 hombres, de los que hoy quedan 15 prisioneros considerados de alto riesgo o en un limbo legal. La prisión continúa en funcionamiento a pesar de los intentos del expresidente demócrata Barack Obama por clausurarla.
Prisioneros de alto perfil
Sheij Mohamed, su sobrino Al Baluchi (conocido también como Ali Abdul Aziz Ali), Bin Attash y Al Hawsawi permanecen recluidos en instalaciones de máxima seguridad en Guantánamo, tras años en cárceles clandestinas de la CIA y después de ser sometidos a técnicas de interrogatorio consideradas tortura, como el ahogamiento simulado (“waterboarding”, en inglés).
El prisionero de mayor valor en la base naval y sus cómplices se enfrentan a la pena de muerte por el asesinato de 2.977 personas en Nueva York, Washington y Pensilvania, en los peores atentados terroristas en la historia de Estados Unidos.
En julio de 2024, Sheij Mohammed y otros dos acusados llegaron a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales militares a cambio de evitar la pena de muerte por condenas de cadena perpetua, un intento por cerrar el expediente que luego fracasó.
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Años de retraso
Los cargos contra los acusados fueron presentados por primera vez ante una comisión militar en 2008, tras lo cual el procedimiento se suspendió por varios años y fue reformulado bajo nuevas normas en 2012.
Además de las acusaciones contra el supuesto ideólogo del 11S, Bin Attash está señalado por dirigir la selección y el entrenamiento de varios de los atacantes, mientras que Al Baluchi y Al Hawsawi supuestamente enviaron ayuda monetaria y se encargaron de varios preparativos en la operación.
En 2023, un juez militar separó a un quinto acusado, Ramzi bin al Shibh, del caso original por incapacidad mental.
Desde su reinicio, el proceso ha estado plagado de demoras logísticas debido a la lejanía de Guantánamo del territorio estadounidense, denuncias por escuchas a la defensa, junto a debates para esclarecer si las confesiones de los acusados están “manchadas” por las torturas de la CIA y pueden ser usadas en una corte.
También ha habido retrasos por imprevistos técnicos y los cuidadosos procedimientos para evitar revelar identidades e información delicada en un caso donde todavía muchas de las evidencias permanecen selladas al público e incluso a varios miembros de la defensa.
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Una fecha para el juicio
Estos años de estancamiento han provocado la frustración de los supervivientes y los familiares de las víctimas, que exigen que se haga justicia y denuncian la lentitud de un proceso que, según afirmaron varios de ellos a EFE, debía haberse celebrado en tribunales de Nueva York o Washington.
Sin embargo, a fines de agosto pasado, el juez militar Michael Schrama determinó que el juicio contra Sheij Mohamed y sus cómplices comenzaría el próximo 5 de junio de 2028 con la selección del jurado en las salas de las comisiones militares en Guantánamo, casi 27 años después de los atentados.
Inicialmente la Fiscalía había solicitado que el juicio comenzara en enero de 2027, pero Schrama -el quinto magistrado asignado al caso desde 2012- consideró que esta no era una fecha realista.
A pesar de tener ya plazo previsto, el proceso debe aún resolver numerosas cuestiones previas y depende del cumplimiento de plazos fijados por el tribunal, por lo que expertos no descartan nuevas demoras en el calendario del caso, visto a menudo como un claro ejemplo de la lentitud de la justicia militar estadounidense.
Fuente: EFE
