Por Guido Rodríguez Alcalá
Don Ramón Selliti, viejo militante liberal, me decía que el 23 de octubre provocó la caída del Partido Liberal; si no cayó inmediatamente, fue porque la guerra puso una tregua al debate sobre el asunto. Sin embargo, el hecho no se ha olvidado: existe un centro estudiantil 23 de Octubre y los aniversarios de aquella matanza se siguen recordando. ¡Qué diferencia con el 15 de junio de 2012! En cuatro meses, lo ocurrido en Curuguaty ha dejado de ser el centro de la atención pública y de las autoridades.
Aunque todavía sigan las polémicas, de una cosa no hay duda: a la matanza del 23 de octubre de 1931, en Asunción, siguió un juicio político en debida forma. El 25 de octubre (dos días después), el presidente José P. Guggiari cedió la presidencia al vicepresidente para someterse al juicio. Guggiari fue absuelto el 28 de enero de 1932; volvió a ocupar el puesto semanas después.
El Congreso tuvo una intervención directa en la investigación, conjuntamente con los jueces penales de los fueros Civil y Militar. Se tomaron declaraciones a los estudiantes, las autoridades y las personas que tuvieron participación o pudieron presenciar el hecho de sangre; ellas fueron firmadas por los declarantes, que nunca las impugnaron. Ningún declarante dijo que fue torturado o presionado. Hubo una cadena de destituciones y renuncias, que alcanzaron a ministros, jefes policiales y militares. Desde el primer momento se hicieron los estudios periciales del caso, dentro de los medios de la época, carentes de los recursos técnicos de hoy.
Resalta la diferencia entre el juicio político de 1931 y el de 2012. Para comenzar, el tiempo: si aquel duró meses, este duró horas. Guggiari podía cederle la presidencia provisoria al vicepresidente; Lugo sabía que, en el mismo momento de ocupar el cargo, Franco ya no pensaba cedérselo. De hecho, antes de juzgarse a Lugo, los legisladores ya decían que la destitución estaba decidida, y Franco decía lo mismo. El resultado era un secreto a voces. En 1931, nadie dijo que corrió plata en el Congreso; en 2012, sí. Los procedimientos del juicio político de 1931 se publicaron (deberían reeditarse). Los del 2012, no, ni se podrán publicar, porque no existen.
Las pruebas periciales del caso de Curuguaty quizás existan, pero no las puede ver el abogado defensor. Y conste que el fiscal es muy comunicativo con la prensa, aunque la ley le prohíba hacer declaraciones públicas. Los acusados fueron torturados, según denuncias que la fiscalía no ha tenido tiempo de investigar. Las declaraciones de los funcionarios fiscales se contradicen. Los parlamentarios, después de haber utilizado la matanza de Curuguaty para el juicio político exprés, se olvidaron del asunto y siguen repartiéndose los fondos públicos con el sistema d’Hondt.
