El abogado y docente universitario Mario J. Barrios Cáceres analiza este tema que forma parte del informe publicado recientemente. Al respecto resalta que a pesar de haber sido confirmado para un nuevo periodo como defensor del pueblo, el abogado Miguel Angel Godoy, acorralado por un juicio político, presentó su renuncia al cargo el 28 de setiembre pasado.
A fines del 2021 la Cámara de Diputados lo había reconfirmado sin mayores debates, “y sin que exista una evaluación pública ni una rendición de cuentas de su periodo anterior”.
Esta reconfirmación fue el último capítulo de una serie de negligencias y tergiversaciones que acompañan desde hace varios años al proceso de designación de este órgano extrapoder y que se caracterizan “por una deliberada inexistencia de regulación” que lo exponen a la colusión política; así como la selección basada en criterios políticos y no en la idoneidad de los candidatos o candidatas.
La gestión de Godoy fue cuestionada desde amplios sectores por un sinnúmero de irregularidades, que, si bien no fueron exclusivas de su gestión, “son propias de la dinámica del proceso de selección del órgano extrapoder”, resalta.
La falta de institucionalidad, así como la inexistencia de regulación y la intromisión de las fuerzas políticas, “que priorizan criterios indebidos no basados en la idoneidad”, hasta la fecha, han resultado en la designación de defensores del pueblo incompetentes, concluye.
En la solicitud de juicio político promovido en contra de Godoy se resalta “un serio desprecio por el resguardo de los intereses públicos y de los derechos humanos confiados a su custodia y una clara desviación de poder que menoscabó el prestigio y la honorabilidad de la institución a quien representa”.
La Defensoría del Pueblo no cuenta con programas permanentes o campañas de concienciación cívica sobre los derechos humanos. Además de la violación sistemática de las normas aplicables por parte del defensor del pueblo, también destaca su “mal desempeño de funciones por extralimitarse en sus deberes y atribuciones favoreciendo intereses personales sobre el interés general”, haciendo gala de sus desórdenes de conducta públicamente, agrediendo verbal y físicamente a personas en un total contrasentido con su misión de defender los derechos humanos incumpliendo las obligaciones que le fueran conferidas.
El desafío es hacer del ombudsman una verdadera figura aliada de la defensa de los derechos humanos, cumpliendo estándares esperados para su función “y no un mero títere del partido hegemónico, como ha sido hasta ahora”, resalta el capítulo desarrollado por el profesor Mario J. Barrios.
Además de reencausar lo que hasta ahora se ha dado con el defensor del pueblo que es una “distorsión de sus funciones”, dice el informe.
La Defensoría del Pueblo no cuenta con programas permanentes o campañas de concienciación sobre los DDHH.
Informe DDHH, 2022,
Codehupy.