El reporte menciona que estos planteamientos, que por un lado buscan ampliaciones presupuestarias –principalmente para inflar el gasto salarial–, y por el otro disminuyen la capacidad recaudatoria de la Administración Tributaria, tendrían para el Tesoro un impacto de aproximadamente 1.800 millones de dólares.
Está claro que ese dinero tiene o tendrá el Estado, porque representa menos del 15% de todo lo contemplado dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN). Y más allá de la validez de los reclamos, el problema es de fondo, no de forma. Es, más bien, a quién o a qué se quita, por qué, y para quién o para qué irá destinado finalmente.
Hagamos suma y resta simple. Traslademos este problema al PGN del 2023, que debe entrar en vigencia desde el 1 de enero.
Si los 1.800 millones de dólares debemos impactar desde el 2 de enero, para cubrir ese agujero el Ministerio de Hacienda podría dejar en cero los presupuestos internos del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Tomemos con certeza que la prioridad es sostener el sistema sanitario y el sistema educativo, otra salida podría ser dejar en cero el presupuesto interno del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el de la Policía Nacional.
¿Se imaginan un 2023 con cero dinero para educación, salud, inversiones en infraestructura o seguridad? Pues no, pasemos a un tercer escenario.
Cubrir los 1.800 millones de dólares significaría entonces dejar de pagar los salarios durante cinco meses a todo el plantel público o eliminar la pensión alimentaria para los adultos mayores al menos por el próximo quinquenio.
Evidentemente, ninguna de esas es una alternativa que pueda generar respaldo ciudadano, mucho menos empatía.
El otro problema es la generalización.
Mucho se ha debatido ya sobre la justicia salarial en aumentos generalizados. Desde el punto de vista jurídico, la Ley 1626 De la Función Pública nos dice claramente que cualquier reajuste en las remuneraciones o recategorización debe darse por la vía del concurso de méritos. Eso nos traslada a los merecimientos, porque es injusto conceder el mismo reajuste a un portero que a un analista fiscal, no porque el portero no merezca ese incremento, sino porque el rol que cumple y las dificultades que tiene que sortear un analista fiscal son mucho más complejas.
En medio de unas finanzas públicas bastante apretadas, por el agresivo endeudamiento para contener la pandemia y por el esfuerzo fiscal para hacer frente a la sequía que golpeó duramente al campo, a lo que se suma el desafío de ir retornando a los límites de la regla fiscal en un contexto económico difícil a nivel mundial, dar luz verde a estas iniciativas sería un golpe mortífero para el Tesoro Nacional.
Los parlamentarios tienen que entender que, al fin y al cabo, el Estado no es un generador nato de recursos. El Estado se sostiene gracias al aporte de los contribuyentes, quienes con sus impuestos o con el pago de tasas son los verdaderos financistas de los programas públicos, por lo que cualquier golpe a las finanzas públicas es en realidad un golpe al bolsillo de los ciudadanos.
En estos tiempos de elecciones internas y de cara a nuevos comicios generales en abril, es imperante que los legisladores se centren en desarrollar y aprobar iniciativas que apunten a reducir las enormes desigualdades, no en iniciativas que, por el contrario, amplíen las brechas y los privilegios a unos pocos por encima de la mayoría.
