EFE
Mientras muchos inmigrantes con visado de los países afectados por el veto migratorio se apresuraban a viajar a Estados Unidos aprovechando la suspensión temporal del decreto, el Gobierno de Trump se recuperaba de un nuevo revés judicial y prometía seguir con una batalla que probablemente acabará en el Tribunal Supremo.
“Vamos a ganar esta pelea”, aseguró el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, a la cadena de televisión Fox News. “Seguiremos usando todos los medios legales a nuestra disposición para suspender la orden” del juez que bloqueó el veto migratorio, agregó.
Unas horas antes, la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito, con sede en San Francisco (California), había dado una mala noticia a la Casa Blanca, al negarse al restaurar de forma inmediata el decreto que permanece bloqueado desde la noche del viernes.
Fue entonces cuando el juez federal James Robart bloqueó provisionalmente, mientras revisaba el fondo del caso, el veto que desde el 27 de enero impedía temporalmente la entrada al país de los refugiados de todo el mundo y de los ciudadanos de Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen.
El sábado por la noche, el Gobierno de Trump inició un proceso de apelación de la decisión del juez Robart, que iba acompañado de una petición a la Corte de Apelaciones de que restaurara el veto que había sido bloqueado por el magistrado.
El tribunal de apelaciones rechazó hoy esa última petición y dejó, por tanto, en vigor la decisión que ha abierto de nuevo las puertas del país a millones de inmigrantes y refugiados.
No obstante, la Corte también pidió a los demandantes en el caso -los estados de Washington y Minesota, contrarios al veto migratorio- que le presenten argumentos a favor de su posición antes de las 23.59 hora local de hoy (7.59 GMT del lunes) y al Gobierno de Trump que haga lo mismo antes de las 15.00 del lunes (23.00 GMT).
El Gobierno de Trump planea cumplir con esa solicitud, en lugar de recurrir directamente al Tribunal Supremo, porque prefiere “dejar que se desarrolle el proceso de apelación”, según dijo hoy un portavoz del Departamento de Justicia, Peter Carr.
No obstante, los expertos coinciden en que, pase lo que pase en esta corte, el caso acabará con toda probabilidad en el Tribunal Supremo, que actualmente está dividido entre cuatro jueces de tendencia conservadora y otros cuatro de inclinación progresista.
Trump nominó esta semana a un nuevo juez para el Supremo, el conservador Neil Gorsuch, pero está por ver si el Senado lo aprobará antes de que este caso llegue a la máxima instancia judicial.
Los estados demandantes en el caso, Washington y Minesota, argumentan que el decreto es anticonstitucional porque provoca discriminación contra una religión, la musulmana, algo prohibido en la Primera Enmienda de la Carta Magna.
No obstante, Trump se cuidó de no mencionar la religión musulmana en su orden ejecutiva, y ese factor, unido a la amplia autoridad que el sistema legal estadounidense concede al presidente para regular la política exterior y migratoria, podría contar a favor del mandatario en la batalla judicial.
Trump criticó duramente este sábado al magistrado que suspendió su veto migratorio, al llamarlo “supuesto juez” y acusarle de “arrebatar al país la capacidad de aplicar la ley”.
Su vicepresidente trató hoy de justificar esas críticas al asegurar que, aunque el juez “ciertamente” tiene autoridad para pronunciarse sobre el caso, es “frustrante” que interfiera con las decisiones presidenciales sobre política exterior.
“El presidente de EE.UU. tiene todo el derecho de criticar a las otras dos ramas del Gobierno. Tenemos una larga tradición de eso en nuestro país”, aseguró Pence a la cadena de televisión NBC News.
En cambio, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, opinó en declaraciones a la CNN que es “mejor evitar criticar directamente” a los jueces por mucho que puedan “decepcionarte”.
Mientras, muchos inmigrantes y refugiados trataban de aprovechar la suspensión del decreto de Trump para llegar a Estados Unidos, después de que el Departamento de Estado devolviera la validez a la mayoría de los 60.000 visados que había revocado y las autoridades migratorias dejaran de implementar el veto.
