EFE
Se trataría del primer plan de descontaminación gubernamental en las “zonas de difícil retorno”, en las que los altos niveles de radiación impiden que sus residentes regresen en un largo período de tiempo, según fuentes gubernamentales citadas hoy por la agencia japonesa Kyodo.
La Administración nipona tiene previsto realizar trabajos de limpieza en unos 337 kilómetros cuadrados de estas zonas, entre las que se incluyen el pueblo de Okuma, donde se ubica la accidentada planta, y algunas zonas de municipios cercanos, según las fuentes.
Las tareas incluirán la retirada de edificios, la sustitución de suelos y el pavimentado de caminos.
Dentro del plan, la propietaria de la central, la eléctrica Tokyo Electric Power (TEPCO), solo se haría cargo de los costes de limpieza de las instalaciones e infraestructuras existentes que continuarán utilizándose en los núcleos reconstruidos.
El Gobierno tendría planeado respaldar oficialmente el plan este mismo mes, según informó Kyodo.
La medida estaría destinada a acelerar el proceso de limpieza, pero podría suscitar críticas, dado que reducirá la carga financiera de TEPCO sobre una de las peores crisis nucleares de la historia.
Según el marco jurídico vigente en Japón, los costes de descontaminación son asumidos primero por el Estado, que ha pedido a TEPCO que reembolse el importe a tiempo.
Dado que se estima que el monto será superior a los 2,5 billones de yenes (22.000 millones de euros/25.000 millones de dólares) inicialmente previstos, TEPCO ha solicitado mayor apoyo financiero.
El Gobierno de Japón emitió órdenes de evacuación en once localidades cercanas a la planta de Fukishima Daiichi tras el accidente nuclear desencadenado por el potente terremoto y tsunami de marzo de 2011, el peor desde el de Chernóbil en 1986.
Las órdenes se han ido levantado progresivamente a medida que avanzan las labores de descontaminación, y el Gobierno se ha marcado como objetivo quitar aquellas que pesan sobre las zonas con niveles relativamente bajos de radiación para finales de marzo de 2017.
En cuando a las “zonas de difícil retorno”, la Administración nipona espera levantar las órdenes en un plazo de cinco años.
