Por Alberto Peña | Agencia EFE
Desde que en 2006 se atenuara la ley educativa sobre la creación de estas universidades, 54 de las cuales siguen operando, surgieron este tipo de centros sin que ningún organismo académico estatal ejerciera como filtro de calidad.
Esa situación ha llevado al ministro de Educación, Enrique Riera, a tomar cartas en el asunto, después de que esta semana divulgara que 10.000 estudiantes fueron “estafados” por las “universidades garaje”, un negocio que mueve millones de dólares y en el que están implicados políticos “de todos los colores”.
Y es que entre 2006 y 2010, por una modificación legal, se liberalizó la creación de universidades y carreras, basado en el argumento de la autonomía, dijo a Efe el viceministro de Educación Superior, Gerardo Gómez.
“Para los legisladores de ese tiempo significaba que ninguna autoridad podía reglamentar el funcionamiento ni la creación de las universidades, solamente los legisladores”, comentó Gómez.
Recordó que, hasta ese momento, el Consejo de Universidades se encargaba de verificar la viabilidad de la apertura de estas “universidades garaje”, pero con la normativa de 2006 su opinión pasó a ser no vinculante, por lo que partir de entonces esos centros “podían crear la carrera que se les ocurriese”.
No fue hasta 2013 que se aprobó una ley que ponía coto a las instituciones fraudulentas, que hasta entonces oficializaban títulos sin revisión de antecedentes académicos.
A través de un control de títulos por parte del ministerio de Educación, se ha detectado el problema de la precariedad formativa y de carreras fraudulentas.
Sin embargo, a día de hoy es frecuente encontrar por la capital paraguaya universidades que no ocupan ni 100 metros cuadrados, en los salones de algunas casas privadas, donde se imparten carreras a bajo coste que no cumplen con los mínimos exigidos o directamente no estaban habilitadas para cursarse.
Gómez señaló que las “incoherencias” llegan a tal punto que se han presentado certificados académicos con calificaciones que no concuerdan con las actas de los exámenes realizados previamente.
Añadió que además de las contradicciones en las calificaciones, en muchas carreras no se cumplían las horas lectivas o las prácticas estipuladas por ley para algunos de los estudios, como Enfermería, por lo que no se puede certificar la capacitación de esos estudiantes en su ejercicio profesional.
“Para mí el problema no es ni siquiera el estudiante, sino el ejercicio profesional de esa persona, que va a afectar a un montón de gente”, destacó Gómez.
En ese sentido, el viceministro dijo que se está elaborando una propuesta para que esos miles de jóvenes que se han quedado sin titulación puedan solventar el problema a través de un examen de revalidación que estipule cuál es su formación universitaria real.
Dicho certificado sería algo parecido, según dijo Gómez, a los exámenes internacionales de convalidación de carreras para otros países, que se hacen, por ejemplo, en la Unión Europea para paliar la “inmoralidad” que se ha cometido sobre los estudiantes.
“Se ha truncado y atentado contra el sueño de los padres y de los estudiantes, de los jóvenes”, dijo Gómez, quien añadió que existe una relación directa entre algunos legisladores que aprobaron en 2006 la ley y que ahora figuran como “socios, rectores o vicerrectores” de esas universidades.
“Si uno mira quiénes son los socios o dueños de algunas universidades, se va a dar cuenta de que ahí están los nombres de algunos legisladores. Evidentemente estaba el interés”, dijo Gómez en relación al uso de la posición pública de algunos legisladores para su beneficio personal a través del sector privado.
En ese sentido, el ministro de Educación advirtió que esa implicación de algunos legisladores en las “universidades garaje” les aporta “dinero con el cual se puede tener periodismo favorable, financiar campañas políticas, parlamentarios y adquirir poder en otros estamentos”.
