El asesinato del periodista Pablo Medina puso en su justo foco la mafia del narcotráfico y sus nexos con la estructura del Estado. Lo que todos sabíamos, pero que hoy se menciona con nombres y apellidos. En medio de este torrente informativo aparecen jueces, fiscales, ministros de Corte, líderes locales y nacionales vinculados directamente o como compañeros electorales a figuras del mundo delincuencial del narcotráfico.
el valor de la denuncia. En este contexto es destacable el coraje del senador Arnaldo Giuzzio, quien si bien citó los sospechosos nombres de políticos vinculados al narcotráfico que hace semanas corren de boca en boca, marcó la diferencia al presentar oficialmente un informe entregado por la Senad en plena sesión del Senado.
Esta puesta en escena con todo el marco de la institucionalidad de un poder del Estado, le dio otro valor porque no solo era Giuzzio sino el mismo Senado que tomó como suya la denuncia.
Esta decisión pone entre las cuerdas al Ministerio Público, que ya armó un grupo de fiscales para desempolvar viejas denuncias y profundizar otras contra los supuestos narcopolíticos citados. Mañana, un grupo de senadores llevará el mismo informe a la Fiscalía como corolario de esa denuncia pública.
Con su denuncia, Giuzzio empeoró la situación de los diputados Bernardo Villalba (Concepción), Freddy D’Ecclesiis (San Pedro) y Marcial Lezcano (Amambay), que según la documentación tienen fuerte nexo con Rubén Sánchez, alias Chicharô, diputado suplente de Amambay. Todos del Partido Colorado.
En esta trama también aparecen como protagonistas Concepción Cubas de Villaalta, Magdaleno Silva y la intendenta de Nueva Germania, Alicia González.
Las pruebas más sólidas apuntan al diputado sampedrano. La Senad detectó llamadas telefónicas de D’Ecclesiis y las conversaciones giran sobre drogas, transferencia de propiedades, dinero en efectivo y adquisición de vehículos.
Se explicó que en ese informe no aparecen otros muy conocidos porque están en la etapa investigativa, aunque es muy obvio lo de Vilmar Acosta, que en su estancia se encontró un laboratorio de drogas.
IMPACTO. La exposición pública del nexo político con el narcotráfico obligó a los líderes partidarios a balbucear excusas. Blas Llano, presidente del Congreso y del PLRA, admitió que si no existe denuncia o si no pesa alguna orden judicial de la Fiscalía sobre algún candidato, lo que puede hacer el partido es muy poco. En la ANR, la más golpeada por ser la mayoría miembros del partido, no logró dar explicaciones, apenas torpes diagramas de acciones futuras.
qué hacer. El debate giró sobre cómo lograron infiltrarse en los partidos políticos, no solamente como financistas de campaña sino como candidatos y hoy supuestamente parlamentarios.
Los líderes partidarios hablan de ajustar los estatutos para evitar sus ingresos en el futuro, pero no saben qué camino tomar hoy con los innombrables nombrados. El punto de mira apunta con mayor precisión a la Cámara de Diputados.
Porque una cosa son los tiempos judiciales (tan largos, aletargados y retorcidos) y los tiempos políticos, que exigen respuestas rápidas y coyunturales. ¿No se vio obligado acaso el Congreso a desaforar a muchos e incluso adelantar vacaciones como medidas de urgencia ante la presión ciudadana por tanta corrupción?
El Poder Legislativo, como depositario popular y templo de la democracia, está obligado a dar respuestas ahora, ya sea con la pérdida de la investidura, ya sea con al menos inútiles sumarios. Pero alguna señal política debe dar más allá de entregar folios a la Fiscalía.
Si hoy no se hace la cirugía mayor, el Estado ya bastante debilitado por la exasperante corrupción, se evaporará cediendo sus espacios a los grupos mafiosos. Porque una cosa es el narcotráfico y otra la narcopolítica. El primero es una actividad criminal ubicada en la vereda de los malos y otra es la narcopolítica, que es el resultado del proceso de inserción del dinero sucio que lentamente reemplaza al Estado. La narcopolítica es esa inmensa red que se mete en las instituciones comprando policías que deben detenerlos, comprando jueces que deben sentenciarlos, solucionando problemas sociales y económicos para convertirse de benefactores populistas a miembros del Congreso para hacer leyes, nombrar jueces y ministros de Corte.
El poder público debe hacer algo, y no como la ANR que por ahora prefiere mirar hacia otro lado, mientras los sospechados comparten palco en la convención con las máximas autoridades nacionales.
