22 de septiembre
Viernes
Parcialmente nublado con chubascos
17°
27°
Sábado
Chubascos
17°
25°
Domingo
Parcialmente nublado
21°
31°
Lunes
Parcialmente nublado
19°
31°
Avatar
Avatar
Bienvenido,
Cerrar Cerrar
Cerrar
Login/Registración
Búsqueda
Cerrar
Nacional
jueves 8 de junio de 2017, 11:06

Un fallecido en centro de rehabilitación de Capiatá

Un fallecido se registró en el Centro de Rehabilitación Transformando Vidas, ubicado en la ciudad de Capiatá. A pesar de las recomendaciones de la clausura de la institución debido a las torturas que sufrían los internos, seguía funcionando.

La Superintendencia de Salud informó sobre el hecho al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).

La comisionada del organismo, Diana Vargas, lamentó el suceso atendiendo que no se cumplieron con las recomendaciones de clausura permanente del lugar ante la serie de violaciones de derechos humanos que se constataron tras una verificación realizada en octubre del 2016.

A pesar de la muerte registrada este jueves, las autoridades sanitarias solo ordenaron que continuara la clausura provisional.

De acuerdo a los datos recolectados, el joven se retiró de la institución, hecho que es calificado como una fuga, por lo que fue capturado por policías y llevado esposado, sin que hubiera un proceso en su contra.

Al llegar al centro de rehabilitación ni siquiera fue asistido por personal de blanco para determinar su estado de salud, horas después ya fue encontrado muerto. Intervino el fiscal Blas Imas.

Irregularidades. Al momento de la verificación en el 2016 se presentó Natalia Barrios como directora de la institución.

En cuanto a la contención física, los internos son maniatados e inmovilizados con precintas de plástico o esposas de metal, pero también reciben contención química con sedación en caso de resistencia.

Los internos no tienen libertad de decidir cuándo abandonar el tratamiento y son aislados en total estado de incomunicación por 45 días. Los castigos incluyen la prohibición de recibir visitas o alimentos.

Cuando se fugan, los familiares deben abonar G. 500.000 para su "rescate" y el procedimiento incluso tiene apoyo de la Policía Nacional.

"El modelo de encierro en las circunstancias descriptas constituye, a criterio del MNP, una privación ilegítima de libertad y, a todas luces, tratos crueles, inhumanos o degradantes, contrarios a la dignidad humana", refiere el informe de MNP.

El centro ni siquiera cuenta con habilitación de la Dirección de Establecimientos Sanitarios del Ministerio de Salud. A pesar de ello nunca se dispuso un sumario administrativo en el lugar. Tampoco tenía habilitación de la Municipalidad de Capiatá ni patente comercial.

El organismo estatal critica además que si bien la Superintendencia de Salud fue alertada sobre las irregularidades, durante su auditoría omitió y no dejó constancia de si las personas ingresaban en forma voluntaria.