Los imputados son el director general de Control de Obras, Derlis Cabrera Báez; el director de Control de Obras de los Organismos Departamentales y Municipales, Antonio Ocampos Pérez, y el supervisor Santiago Gosling.
La fiscala Blanca Agüero explicó que las tres personas serán procesadas por frustración de la persecución y ejecución penal, en calidad de autores. La misma tiene una expectativa de tres años de prisión o multa.
Señaló que desde el año pasado están analizando la conducta de los organismos encargados de fiscalizar las obras financiadas con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
Los tres funcionarios del ente contralor firmaron un documento que daba cuenta de que en el año 2013 se constituyeron en el Colegio Nacional de Lambaré. En ese informe ya se mencionaba que la Comuna lambareña no aseguraba la estructura de las vigas de las aulas.
“En aquel entonces ya conocían la situación y no informaron”, explicó la agente del Ministerio Público.
También dijo que la Contraloría constató una sobrefacturación de G. 77 millones en unos 16 colegios, pero la Fiscalía pudo verificar que en una sola institución existe un sobrecosto en las obras de G. 85 millones.
“Existe una diferencia muy grande entre nuestras pericias y la de ellos. Es una situación grave porque la Contraloría es el ente encargado del control de las actividades financieras y económicas del Estado”, expresó Agüero a la 780 AM.
En octubre del año pasado, el techo de un aula del Colegio Nacional de Lambaré colapsó mientras alumnos estaban dando clases. Unos seis estudiantes quedaron heridos en aquel momento.
Por este caso también fue imputado el ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, por lesión de confianza, luego de que la fiscala recibiera informes del Ministerio de Educación sobre un presupuesto designado para la construcción de 3 aulas.
Si bien el documento señala que el monto asignado fue de G. 69 millones, se entregaron G. 266 millones.
