A fin de reforzar la presión, Temer ha exonerado a los ministros de Ciudades, Bruno Araújo; Educación, José Mendonça Filho; y Minas y Energía, Fernando Bezerra, quienes retomarán por un día sus escaños de diputados a fin de participar en la votación, que está prevista para hoy mismo, aunque pudiera ser obstruida por la oposición.
Según fuentes oficiales, el Gobierno pretende valerse del “peso político” de los tres ministros, a fin de que se garantice que la reforma de las leyes laborales, que flexibiliza las proteccionistas normas actuales, sea aprobada sin contratiempos, para que el trámite continúe luego en el Senado.
El proyecto de ley es resistido por la mayoría de las centrales sindicales, según las cuales la propuesta constituye un “retroceso social” y “atenta contra derechos adquiridos” por los trabajadores.
Muchos de los sindicatos incluso han convocado para el próximo viernes a una “huelga general” en protesta contra esa y otras de las reformas propuestas por Temer, aunque se duda de que la convocatoria sea seguida por la mayoría de los trabajadores.
Uno de los puntos más polémicos de la reforma laboral plantea que “lo acordado valga por encima de lo legislado”, lo cual daría valor legal a los convenios pactados entre trabajadores y empleadores, aún cuando no se ajusten totalmente a las normativas en vigor.
Eso, según sostiene el Gobierno, permitiría que las vacaciones anuales sean divididas hasta en tres veces, que se pueda negociar la jornada de trabajo y otros acuerdos, siempre y cuando sean fruto de convenios colectivos y no violen principios laborales fundamentales recogidos en la Constitución.
El proyecto también plantea acabar con la llamada “contribución sindical obligatoria”, conocido también como “impuesto sindical”, que impone que a los empleados se les descuente un día de trabajo anual para destinarlo al gremio en que están afiliados.
La propuesta forma parte de una serie de medidas promovidas por el Gobierno de Michel Temer para intentar recuperar el vigor de la economía nacional, que entre 2015 y 2016 entró en una grave recesión y cayó casi ocho puntos porcentuales.
La reforma laboral es acompañada por una ley, ya aprobada, que pasa a regular la llamada “tercerización” o subcontratación, la cual permite que las empresas conviertan a sus empleados en prestadores de servicios para todos sus tipos de actividades.
El trípode de las grandes reformas de las leyes que afectan a los trabajadores lo completa una que apunta a establecer una edad mínima para la jubilación, a las que los brasileños acceden hasta ahora con 35 años de cotización, que son 30 en el caso de las mujeres.
La propuesta inicial del Gobierno planteó una edad mínima, que hasta ahora no existe, de 65 años tanto para hombres como para mujeres, con por lo menos 25 años de cotizaciones.
Sin embargo, frente a la resistencia de algunos sectores del Congreso, Temer aceptó alterar el proyecto, que ahora propone una edad mínima de 62 años para las mujeres y mantiene los 65 para los hombres.
Según sostiene el Gobierno, esa reforma es clave para salvar al régimen de jubilaciones de la quiebra a la que pueden llevar su abultado déficit y apalancar tanto la recuperación de la economía como la generación de empleos, en momentos en que unos 13 millones de brasileños se encuentran sin trabajo.
