EFE
El jefe de Estado optó por apresurar una solución para el lío jurídico que generó una grave crisis política en el país, tras contratar un informe técnico particular que identificó hasta 70 “puntos de oscuridad” en el audio que supuestamente lo compromete, dijeron este lunes sus defensores.
La Fiscalía utilizó ese como base para solicitar la apertura de una investigación en su contra.
Los abogados del mandatario presentaron el sábado un recurso en el que solicitaron que el audio fuera sometido a una evaluación técnica por parte de la Policía antes de cualquier otro paso.
En el pedido también fue solicitado que el pleno del máximo tribunal suspenda la investigación por corrupción, obstrucción a la Justicia y asociación para delinquir que le abrió uno de los magistrados el viernes.
La Corte Suprema, que ya le pidió a la Policía evaluar el audio para determinar si fue editado, anunció hoy que tan sólo se pronunciará sobre la petición para que la investigación sea suspendida cuando reciba los resultados de la pericia.
Pero los abogados del presidente, en poder de un informe que le encomendaron a una empresa privada y que identificó decenas de ediciones en el audio, ahora prefieren acelerar el proceso ante el convencimiento de que la posible anulación de la prueba de la Fiscalía dejará sin sustento la investigación.
“La defensa del presidente presentó una nueva petición en la que decimos que, tras la orden para que el audio sea sometido a una pericia policial y a partir de este informe que juntamos al proceso, que nos da seguridad, queremos que esto se resuelva lo más rápido posible”, afirmó en una rueda de prensa el abogado Gustavo Guedes.
Según el jurista, uno de los defensores del jefe de Estado, “el presidente quiere darle una respuesta al país lo más rápido posible y que, por tanto, esto sea archivado lo más rápido posible”.
El escándalo que tiene a Temer contra las cuerdas estalló con la divulgación del audio de una conversación que tuvo con un empresario en su residencia oficial, en la que parece consentir diversas maniobras ilegales que le son relatadas.
El empresario era Joesley Batista, uno de los dueños del gigante cárnico JBS, quien decidió grabar la conversación con Temer para presentar pruebas en el marco de un acuerdo de cooperación con la Justicia por el que busca reducciones en las posibles condenas que le sean impuestas en diversos procesos por corrupción que enfrenta.
Batista y otros directivos de JBS afirman, entre otras cosas, que pagan sobornos a Temer desde 2010 y que en los últimos años financiaron en forma ilegal a 1.829 políticos.
El escándalo puso a temblar el Gobierno de Temer, cuya renuncia es demandada por diversos grupos, y provocó una ruptura en la mayoritaria coalición partidaria que lo apoya en el Congreso.
Analistas políticos sostienen que la unidad de esa base política es la única tabla de salvación de Temer, cuya popularidad hasta el estallido del escándalo no llegaba al 10 %.
En los últimos días, Temer, que se dice blanco de una conspiración, se ha dedicado a conversar con los parlamentarios que lo apoyan para evitar una desbandada y a resistir a las presiones para que renuncie.
“Si quieren, que me derriben porque, si yo renuncio, es una declaración de culpa”, dijo el gobernante en una entrevista publicada hoy por el diario Folha de Sao Paulo.
