El Presupuesto General de la Nación está repleto de tecnicismos que posibilitan malgastar el dinero proveniente del pago de impuestos de los contribuyentes en funcionarios, alimentación o viajes VIP o en partidarios políticos.
Así, la matriz salarial es un tecnicismo que permitió unificar al salario de los estatales, los beneficios que recibían y que incluían pagos por antigüedad, por título universitario, por carga de datos del Presupuesto en el sistema informático, por presentismo, entre otros.
Son estos mismos tecnicismos los que permiten a los legisladores contar con un vale de combustible de G. 5,5 millones por venir desde sus departamentos de origen hasta la sede del Poder Legislativo, y entregar esta misma suma a quienes son representantes del Departamento Central o de Asunción, aunque su recorrido sea menor a aquel que viene de Alto Paraguay o de Amambay.
Lo que perciben los parlamentarios sería como que a cada trabajador de una empresa privada se le entregue un vale de combustible para que acuda a su lugar de trabajo.
El problema es que estos tecnicismos desangran y mucho al Estado.
Solo en combustible, la Cámara de Diputados eroga G. 7.500 millones al año.
Entretanto, se destinan aproximadamente USD 90 millones al pago de consultorías, que incluye la contratación de asesores políticos en dependencias estatales.
Las instituciones del Estado aprovechan los fondos destinados a consultorías para contratar a empresas que diseñan proyectos mal elaborados, por lo cual vuelve a destinarse dinero para mejorar las versiones anteriores, en una espiral sin fin.
En algún momento, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben sentarse y consensuar criterios para reelaborar el Clasificador Presupuestario (un manual que define las erogaciones que autoriza el Presupuesto), de manera a ordenar los gastos del Estado y eliminar aquellos que son innecesarios.
El dinero que es malgastado bajo el ropaje legal de consultorías, jornales, alimentación para los funcionarios, debe ser reorientado a educación, salud y seguridad u otras áreas que necesitan ser potenciadas, como el apoyo a la ciencia y a la tecnología.
El Gobierno que asuma debería buscar un acuerdo político que le permita reducir estos gastos innecesarios, eliminar nombres elegantes para erogaciones dirigidas a favorecer a amigos de turno, y así poner fin al despilfarro.
También necesita redefinir el dinero que se destina a las organizaciones no gubernamentales, varias de ellas relacionadas con parlamentarios y cuyo fin de ayudar a los más necesitados es más que dudoso.