CIUDAD DEL ESTE
Trabajadores del volante organizados en varios gremios se movilizan hoy en una jornada de protesta para llamar la atención de las autoridades municipales, que iniciaron un trabajo de actualización de datos, que dejaría a mitad de año a muchos sin la habilitación para ejercer la labor dentro del municipio de Ciudad del Este.
Insisten en que se trata de una respuesta a la “desobediencia”, como consecuencia de haberse sumado a la huelga nacional del pasado 26 de marzo. Horas antes de aquella jornada, Javier Zacarías Irún, referente político colorado de la zona y esposo de la actual intendenta, Sandra McLeod, afines al gobierno de Horacio Cartes, había convocado a una conferencia de prensa asegurando que en Ciudad del Este la movilización no tendría fuerza. Empero, la ciudad quedó paralizada por la movilización de los trabajadores taxistas, hecho que abría desatado la furia del dirigente colorado, denuncian los taxistas, iniciándose al día siguiente una serie de controles, para lo cual se desempolvaron varias ordenanzas municipales.
En ese sentido, fue aprobada la Ordenanza 009/2014, por la que se dispone la actualización de la nómina de permisionarios del servicio de taxi, mototaxi, transporte alternativo, transporte universitario y transporte escolar, que realizan actividades en el municipio de Ciudad del Este.
Entre las autoridades municipales, el jefe de la división Transporte Público, Teodoro Román, en más de una ocasión aseguró que el trabajo estaba previsto desde principio de año y fue una coincidencia el hecho de que las verificaciones y notificaciones se hayan acentuado después de la huelga general.
Jhony Castillo, antiguo dirigente y trabajador del rubro transporte alternativo, manifestó que el problema pasa por una de la exigencias establecidas y que se refiere al lugar de residencia. La Comuna exige que para ser habilitado para el servicio, es obligatorio vivir en Ciudad del Este. “Cuando empecé a trabajar en esto vivía en esta ciudad, pero con los años y la circunstancia de la vida me llevó a vivir a Presidente Franco y hay muchísimos compañeros que están en la misma situación y hoy viven en Minga Guazú e incluso Hernandarias, por lo que consideramos sumamente injusto esta situación, es por ello que vamos a pedir la derogación de esta ordenanza y sentarnos a trabajar dentro de una mesa de diálogo”, señaló.
Ayer de tarde hubo un llamado de la Intendencia Municipal a los taxistas para una conversación sobre el caso, pero la reunión ni comenzó porque los asesores del Ejecutivo no permitieron a Valerio Martínez y Enrique Rolón, dirigentes de la Federación de Taxistas de CDE, que permanezcan en la sala. Acusaron al abogado Blas Pereira de sacarlos a empellones y eso motivó a que los demás taxistas abandonen el encuentro.
