En su libro El malestar en la globalización, dice Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía: “La globalización pareciera reemplazar la vieja dictadura de las élites nacionales por la nueva dictadura de las finanzas internacionales”. Aunque Stiglitz no se refiera al affaire Gramont, nos ayuda a comprender la influencia de los intereses financieros en el escenario internacional.
La historia que nos atañe comenzó en tiempos de Stroessner, y sin que Stroessner lo supiera. Gustavo Gramont Berres, cónsul paraguayo en Suiza, consiguió dos créditos, por unos 85 millones de dólares, de un grupo de bancos europeos dirigidos por Francesco Nicoletti, directivo del Overland Trust Bank (OTB); OTB quebró y Nicoletti fue preso, pero no adelantemos. El primero, fue de unos 25 millones de dólares, se concedió para montar la empresa Rosi SA, que nunca funcionó. El propietario era Gramont, que recibió una comisión de 5 millones de dólares, algo muy sospechoso. Más sospechoso fue el presunto aval del Gobierno paraguayo; presunto porque el gobierno nunca lo dio. Esto lo sabían los banqueros, porque se lo dijo el Ministerio de Relaciones suizo: Gramont no tiene el aval de su gobierno. Sin embargo, los banqueros le dieron un crédito al amigo, de un monto mucho mayor para montar una segunda empresa, Lapacho; el beneficio fue mucho mayor, porque ni siquiera hubo un amago de construcción de la empresa, que ni siquiera tenía un terreno para construirse.
Después de caído Stroessner, llegó a Asunción la factura oficial: Gramont no devolvió y deben pagar ustedes como avalistas. Asunción respondió: para aceptarse un crédito, se necesita la aprobación del Congreso, que no la dio; ni siquiera estábamos enterados de la operación del cónsul, buscado por la Justicia del Paraguay y de otros países por ese y otros delitos. Gramont fue juzgado, confesó su fraude al alimón con los banqueros, y fue condenado por eso.
Eso no importó. La SACE, una empresa estatal italiana que asegura a las empresas italianas por los riesgos que corren en el extranjero, ha demandado al Paraguay en un tribunal norteamericano. El argumento de la SACE es: nosotros les pagamos a los banqueros el dinero que le prestaron a Gramont; devuélvannos ese dinero. Lo que no dice la SACE es que su ex director, Roberto Ruberti, fue preso y procesado por haberles pagado. Era evidente que se trataba de una operación ilícita, y eso lo sabían el director, Gramont y los banqueros capitaneados por Nicoletti. Hace mal la SACE al demandar al Paraguay en los Estados Unidos, y hace mal el tribunal norteamericano en aceptar la demanda porque, para comenzar, no tiene jurisdicción para aceptarla. Sin embargo, como dice Stiglitz, los intereses financieros tienen demasiado peso.
