A través de una nota dirigida al funcionario, desde el Simuca expresaron además su solidaridad con el Sindicato de Funcionarios Graduados y Universitarios de la Contraloría General de la República (Singrucog), gremio que también solicitó el titular de la entidad que pida permiso.
García está procesado por la supuesta producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso, cuando se desempeñaba como asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción.
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“Entendemos, procesalmente, que cuando un funcionario es investigado por la comisión de faltas administrativas y/o comisión de supuestos hechos punibles, el mismo es apartado de la dependencia donde presta servicios hasta tanto dure la investigación o el sumario administrativo”, remarca la misiva.
No obstante, aclara que no juzga la culpabilidad de García. “Queremos resaltar que nuestra Constitución Nacional otorga o reconoce la presunción de inocencia a cada persona, ocupe un cargo público o no, y que jamás debe ser tratada como culpable hasta tanto no exista una sentencia definitiva, firme y ejecutoriada”, señala.
Resalta además que el supuesto hecho punible no se realizó en el ejercicio de las funciones como contralor general, sino en el tiempo que ocupaba el cargo de asesor jurídica en la Municipalidad de Asunción.
Así mismo, refiere que no comparten la decisión del Congreso de realizar un juicio político, violando de esta manera la presunción de inocencia de la cual goza el contralor.
