El nuevo comité contará con tres miembros, dos de ellos elegidos por los partidos de la oposición y uno por la propia jefa de Estado, que dispondrán del apoyo de un equipo de 105 investigadores, informó la agencia local Yonhap.
Para poner en marcha el comité es necesario el visto bueno de la presidenta, algo que previsiblemente sucederá ya que Park ha mostrado intenciones de cerrar el paso a la vía legal ordinaria tras ser señalada por la Fiscalía el pasado domingo como cómplice en el caso “Choi Soon-sil”.
La Fiscalía no puede presentar cargos contra Park porque la Constitución surcoreana estipula que el presidente del país cuenta con inmunidad, excepto en casos de insurrección o traición.
Los fiscales creen que Park cooperó con Choi Soon-sil, su íntima amiga, y otros dos excolaboradores en presionar a más de 50 empresas del país para que donaran un total de 65,7 millones de dólares (62 millones de euros) a dos fundaciones.
Una vez logre el visto bueno de la presidenta, el consejo independiente contará con 20 días para realizar los preparativos y otros 70 para llevar a cabo la investigación.
Destaca que la creación del comité se haya aprobado en el consejo de ministros a pesar de la ausencia de la jefa de Estado, que no acude a las reuniones del gabinete desde hace seis semanas por este escándalo que ha causado una fuerte crisis política.
Se cree que la presidenta tampoco comparecerá ante los fiscales para ser interrogada, ya que su abogado ha puesto en duda la neutralidad de la Fiscalía.
Mientras, las dos principales fuerzas de la oposición de Corea del Sur anunciaron que promoverá un proceso de destitución de Park, ya que esta se niega a dimitir a pesar de las peticiones masivas de políticos y ciudadanos.
Cientos de miles de personas se manifestaron el sábado en Seúl para pedir la dimisión de Park y la semana anterior la cifra superó el millón, según los organizadores, y la popularidad de Park ha caído en picado hasta entre el 5 y el 10 por ciento, la cifra más baja de un líder surcoreano en la historia.
La indignación responde en gran parte a la percepción generalizada de que la amiga de la presidenta, que no ostenta cargo público alguno, habría intervenido de forma oculta en asuntos de Estado, además de acumular beneficios económicos e incluso asegurar privilegios académicos para su hija.
