EFE
El presidente del Senado, Fernando Lugo, se reunió este martes con distintas asociaciones medioambientales para analizar los cambios introducidos por el decreto, modificado en cuatro ocasiones, y su repercusión en el cuidado y mantenimiento de los bosques nacionales.
El Decreto 7702 modifica el 7031 y, según apunta un documento difundido por la organización WWF la semana pasada, ese cambio posibilita la deforestación de la reserva legal, legaliza la transformación de las áreas de la reserva legal de bosques naturales en cultivos forestales con fines comerciales y desalienta la protección y restauración de los bosques, entre otras consecuencias.
Para Lugo, ese decreto afecta a “todo un ecosistema, recursos hídricos y al sustento de vida de los pueblos originarios”, según un comunicado del Senado.
“Cuando hablamos de este tema, hablamos de deforestación, cambio climático y derechos humanos”, añadió el senador.
Por su parte, la presidenta de WWF Paraguay, Lucy Aquino, manifestó la preocupación de la organización y aseguró que se “están abriendo las puertas para echar los bosques, prácticamente todas las reservas que quedan en la región oriental”.
En la misma línea se pronunció el representante de la organización Sobrevivencia Paraguay, Óscar Rivas, quien apremió al Gobierno a tomar medidas que respeten el ecosistema paraguayo y frenen la “situación de devastación total” de la rica biodiversidad del país.
“Nosotros estamos legalizando la deforestación de lo que nos queda, haciendo inclusive un blanqueo de algo que la ley obliga, que es reforestar lo que ilegalmente se ha deforestado”, añadió Rivas.
Aquino y Rivas no fueron los únicos que se citaron este martes con Lugo, ya que también estuvieron presentes miembros de otras asociaciones como el GAT (Gente, Ambiente y Territorio) y Pojoaju (Asociación de ONG del Paraguay).
Las organizaciones ambientalistas también han comenzado campañas sociales a modo de protesta contra este decreto.
WWF inició el sábado pasado una recogida de firmas para reclamar al Gobierno la derogación de este decreto, que, en su opinión, representa “un incentivo perverso que facilita la deforestación de reservas legales y promueve las plantaciones forestales de especies exóticas”.
La Secretaría del Ambiente (SEAM) negó que la modificación introdujera “incentivos perversos” y defendió que los certificados ambientales entregados a los propietarios de bosques sirven para proteger las tierras.
