El proyecto de financiamiento político generó un largo debate en el pleno de la Cámara de Senadores. La discusión se centró en si el documento es viable o no y si no trasgrede principios constitucionales.
La iniciativa legislativa contaba con media sanción de la Cámara de Diputados. Sin embargo, los senadores aprobaron el proyecto en general para luego pasar a analizar las modificaciones recomendadas por la Comisión de Legislación del Senado.
Ante las posiciones contrarias, se decidió votar en forma nominal, es decir, llamando a cada uno de los parlamentarios. A favor estuvieron 31 legisladores, tres rechazaron, hubo dos abstenciones y nueve ausencias.
Lea en el sitio especial de Última Hora todos los detalles de las internas 2017
Los cambios deberán ser estudiados en una segunda vuelta por los diputados, quienes podrán allanarse o ratificarse en su versión inicial.
El objetivo principal es evitar que el dinero proveniente del narcotráfico, lavado de dinero, crimen organizado y otros financien la campaña electoral de un candidato, movimiento o partido político.
Si bien se pretendía que este documento esté vigente para las internas de diciembre de este año, los parlamentarios postergaron en varias ocasiones su tratamiento para superar la fecha límite.
Fernando Silva Facetti, vocero de la Comisión de Legislación, indicó que el texto original tenía ciertas imprecisiones que lo alejaban de su propósito de conocer los ingresos percibidos y gastos durante las campañas electorales.
También indicó que las sanciones previstas, en un principio, para los dirigentes que incumplían con esa disposición violaban la Carta Magna. Por eso, cambiaron y establecieron una multa de 300 jornales mínimos a ser aplicadas por los partidos y movimientos políticos.
El senador Arnaldo Giuzzio, a pesar de aceptar que el proyecto tiene deficiencias, dijo que es una oportunidad histórica para evitar que el dinero sucio ingrese a la política o, al menos, tener un mejor control.
Ese mismo argumento dio el luguista Hugo Richer. “Tiene contradicciones, no va a resolver el problema del dinero sucio, pero es un paso”, indicó al tiempo de afirmar que es necesario saber quiénes son las personas que aportan en las campañas electorales.
Adolfo Ferreiro, de Avanza País, sostuvo que la normativa será inaplicable por la realidad política y social del país. “Nadie está en contra de un ordenamiento jurídico que garantice la transparencia”, dijo. Sin embargo, expresó que el documento solo afectará a los candidatos débiles o movimientos chicos y beneficiará a los partidos con mayores recursos económicos.
