El informe Progreso Multidimensional: Bienestar más allá del ingreso señala que las políticas públicas de hace una década, que se basaron en la educación y la creación de empleos, son insuficientes hoy en día. Por tanto, uno de cada tres latinoamericanos está en riesgo de recaer en la pobreza debido a la recesión económica, después de 15 años de bonanza, destaca el informe.
El reporte reconoce cierto avance en algunos indicadores; sin embargo, advierte sobre otros que se encuentran por debajo de lo esperado, como la tasa de homicidios, la desigualdad de ingresos, el embarazo adolescente, el empleo vulnerable, pensiones y educación.
De acuerdo al informe del organismo internacional, cerca de 50 millones de personas se incorporaron al mercado laboral, pero esta buena noticia tiene un aspecto no del todo positivo: estos empleos están vinculados al consumo y no a la inversión, y esto es porque la gente consigue empleos como albañiles, transportistas, ayudantes en el transporte, fotocopiadores, peluqueros, empleados de cafeterías con internet, etcétera. Por esto, y a pesar de los logros, entre 25 y 30 millones de personas están en peligro de recaer en la pobreza.
Mirando hacia adentro y tomando en consideración una poderosa herramienta con que se cuenta –la Encuesta Permanente de Hogares 2015, cuyos datos dio a conocer recientemente la Secretaría Técnica de Planificación–, este llamado de atención no debe ser desatendido.
Las autoridades conocen la cifra exacta de paraguayos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Conocen las zonas del país donde viven estas familias y cuáles son sus necesidades.
Este es el momento de reforzar la estrategia contra la pobreza. El programa Sembrando Oportunidades, coordinado por la Secretaría Técnica de Planificación, con sus siete líneas de acción para reducir la pobreza, tiene que ser la prioridad número uno; y todas las instituciones vinculadas al mismo, deben poner su atención para lograr la mayor eficiencia.
También se deben reforzar los controles para que los recursos lleguen a quienes van destinados.
Es moralmente inadmisible que 687.000 paraguayos subsistan en la pobreza extrema. No es posible que un país, que es un gran productor de alimentos, mantenga en esta situación al 22,2% de su población.
El Gobierno central dispone de programas para promover que los pobres extremos abandonen esta condición; y las autoridades departamentales, así como los gobiernos locales, tienen la obligación de trabajar para cambiar esta realidad. Solamente con una labor eficiente estarían justificando su razón de ser. Ante la agorera predicción de que están en riesgo los logros contra la pobreza, se deben redoblar los esfuerzos; este es un combate en el que no está permitida una derrota, pues no se trata de cifras ni de informes; se trata de la vida y la dignidad de miles de paraguayos.
