Juan Escurra es uno de los afectados por una imputación concretada “sin prueba alguna”. El hombre comentó a nuestra redacción que el desalojo fue violento en junio pasado y sin ninguna orden judicial. Tras este irregular hecho unas 30 familias quedaron en la calle.
Los afectados son indígenas y campesinos que ubicaron sus viviendas en el asentamiento Jeroky, compañía Ramadita de Pindó, distrito de San Juan Nepomuceno (Caazapá). La denuncia de invasión fue hecha por el supuesto dueño del inmueble, identificado como César Jara Pereira, quien según don Juan no tiene título de propiedad del bien.
Denunció igualmente que las autoridades zonales no escuchan sus reclamos y solo se encargan de perseguirlos, amenazándoles con meterles nuevamente a la cárcel, tal y como ya lo hicieron este año con los 14 imputados.
La manifestación se realiza diariamente frente a la sede fiscal de San Juan Nepomuceno mientras un grupo cierra la ruta 8 Blas Garay de manera intermitente.
Unos 14 campesinos fueron imputados por invasión de inmueble y otras 4 personas por delito ambiental. Cuatro casos ya pasaron a juicio, comentó don Juan, uno de los imputados en este caso.
Según mencionó, unas seis veces ya fueron desalojados del sitio. Ellos tratan siempre de volver al lugar debido a que saben que el supuesto dueño no tiene siquiera el título de propiedad. Varias plantaciones de mandioca, maíz y otros fueron destrozadas, sostuvo.
Agregó que en varios casos los agentes policiales se adueñaron de sus bienes luego del desalojo y hasta llegaron a empeñar sus heladeras y televisores, dijo.
