Adalberto Castro, Néstor Castro, Felipe Benítez, Rubén Villalba y Arnaldo Quintana son los cinco campesinos que hace 55 días realizan huelga de hambre en repudio al proceso judicial que enfrentan en el caso Curuguaty.
La Justicia no dio lugar a la prisión domiciliaria para los labriegos. La resolución fue dada a conocer en la tarde de este miércoles.
La audiencia de revisión de medidas fue realizada en el Tribunal de Sentencia de Salto del Guairá.
En el análisis del pedido, explicaron que los presos en huelga de hambre tienen los signos vitales dentro de los rangos normales y que están lúcidos. Alegan que tampoco detectaron una enfermedad grave o terminal y que reciben asistencia médica, según el informe médico.
Por ese motivo, concluyeron que el estado de salud de los labriegos no constituye un nuevo hecho que amerite una revisión del proceso, por lo que rechazaron el pedido de medida sustitutiva a la prisión.
Los campesinos continuarán con la prisión preventiva y seguirán guardando reclusión en la penitenciaría de Tacumbú.
También se dispuso que un médico forense visite y verifique a los huelguistas y, si es necesario, ordenar la internación en un centro asistencial.
Los campesinos imputados por el caso de la masacre en Curuguaty ocurrida el 15 de junio del 2012, cumplen 55 días de huelga en reclamo de su liberación debido a la falta de pruebas en su contra.
Tras el fallo judicial, la gente empezó a gritar contra el fiscal Jalil Rachid, quien investiga el caso y es fuertemente criticado por diversos sectores, y contra los jueces. “Rachid cobarde, tu mano tiene sangre”, fue el grito de los presentes.
“Es un fallo de los latifundistas. Es una barbaridad”, fue lo expresado por Ricardo Canese, referente del Frente Guasu. Mientras que la senadora Esperanza Martínez dijo que no existen derechos humanos. “Los traficantes sí salen en libertad. La gente que lucha por su tierra se pudre en la cárcel”, lamentó.
El 15 de junio del 2012 quedó marcado en la historia de Paraguay como una fecha negra. Lo que debía ser un simple procedimiento policial, culminó en un enfrentamiento que dejó 11 campesinos y 6 policías muertos, en un inmueble en litigio entre el Estado y la firma Campos Morombí de la familia Riquelme.
